En el transcurso de este fin de mes o en los primeros días de febrero, se esperan conocer los resultados iniciales en torno a la respuesta que tendrán los recursos de apelación que interpusieron los equipos de defensa de los exministros de Hacienda y del Interior, Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Chávez, quienes están siendo procesados por su presunta participación en el enorme escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y el Instituto Nacional de Vías, (Invías).
La ponente
Se recuerda que, por reparto, la magistrada Catalina Guerrero Rosas, es la ponente para estudiar y analizar los dos recursos de apelación que interpusieron los abogados de los exministros, con los que buscan tumbar la medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario que se decretó el 18 de diciembre del año pasado.
También se conoció que las magistradas Isabel Fernández y Alejandra Ardila Polo tomarán la decisión de segunda instancia sobre la libertad de Bonilla y Velasco.
Los abogados buscan que sus representados enfrenten el proceso que se adelantará ante la Corte Suprema de Justicia en libertad. No obstante, solicitaron de manera subsidiaria que se les conceda la detención domiciliaria.
Graves acusaciones
De acuerdo con lo manifestado por la Fiscalía General de la Nación, los exministros del Gobierno del presidente Gustavo Petro se habrían concertado para concretar un “pacto criminal” para supuestamente comprar congresistas a cambio de 74 proyectos en regiones por más de 612.000 millones de pesos.
Las acusaciones
La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, señaló que, entre mayo de 2023 y febrero de 2024, se habría configurado la empresa criminal que afectó no solo a la UNGRD, sino también al Instituto Nacional de Vías (Invías).
“Desde por lo menos mayo de 2023 hasta mediados de febrero de 2024, ustedes, Luis Fernando Velasco Chávez, entonces ministro del Interior, y Ricardo Bonilla González, para la data ministro de Hacienda y Crédito Público, se concertaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas para cometer delitos contra la administración pública con el fin de asegurar las mayorías parlamentarias que les permitieran la aprobación de proyectos de ley del Gobierno Nacional y la tramitación exitosa de créditos de la Nación, dijo la fiscal Patiño.
Entramado criminal
La fiscal continuó describiendo que en “desarrollo del pacto criminal ofrecieron y acordaron ilícitamente con algunos senadores y representantes del Congreso de la República direccionar proyectos, contratos o convenios que se adelantaban en el Instituto Nacional de Vías, Invías, o en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a cambio de su concurrencia y votación en las sesiones de las comisiones del Congreso de la República a las que pertenecían”.
