En una de las audiencias más significativas del proceso de justicia transicional en Colombia, dos generales y 25 exintegrantes del Ejército Nacional reconocieron públicamente su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el departamento del Meta, conocidas como “falsos positivos”. Durante la diligencia adelantada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los comparecientes admitieron su participación en estos hechos y expusieron las dinámicas institucionales que, según afirmaron, contribuyeron a la comisión de estos crímenes.
Audiencia
La audiencia, correspondiente al Caso 03 de la JEP, continuó el 4 de junio con nuevos testimonios de exuniformados que aceptaron su responsabilidad y ofrecieron versiones sobre las circunstancias que rodearon las ejecuciones de civiles que posteriormente fueron presentados como guerrilleros muertos en combate.
La jornada inició con la intervención de familiares de las víctimas, quienes insistieron en la necesidad de que el Estado y los responsables reconozcan de manera clara que las personas asesinadas no pertenecían a grupos armados ilegales. Para los familiares, uno de los aspectos más importantes del proceso es la reivindicación del buen nombre de sus seres queridos y el reconocimiento de su condición de víctimas.
Declaraciones
Durante las declaraciones, varios exmilitares admitieron que existían fuertes presiones institucionales para obtener resultados operacionales, situación que contribuyó a la normalización de conductas ilegales dentro de algunas unidades militares. El mayor retirado Alejandro Espitia reconoció su participación en una estructura criminal que operó con apoyo de grupos paramilitares y admitió que nunca verificó si las personas presentadas como bajas en combate eran realmente integrantes de organizaciones armadas.
Ante las víctimas y magistrados, Espitia expresó su arrepentimiento por los hechos cometidos y afirmó que está dispuesto a aportar toda la verdad sobre lo ocurrido. En su intervención reconoció que los resultados que durante años fueron exhibidos como éxitos militares correspondían en realidad a asesinatos de civiles inocentes.
Otro de los testimonios relevantes fue el del teniente retirado Sergio Carreño, quien describió cómo, con el paso del tiempo, prácticas ilegales terminaron siendo asumidas como normales dentro de algunas unidades militares. Según manifestó, la presión por reportar resultados operacionales llevó a muchos integrantes de la fuerza pública a perder de vista los principios éticos y el respeto por la vida humana.
Por su parte, el sargento retirado Edwin Londoño reconoció que mientras las familias enfrentaban el dolor por la pérdida de sus seres queridos, los responsables recibían reconocimientos, incentivos y beneficios institucionales derivados de resultados que posteriormente fueron identificados como ilegítimos y criminales.
Acto simbólico
Como acto simbólico de reconocimiento y responsabilidad, los 27 comparecientes decidieron entregar las medallas, diplomas y condecoraciones obtenidas durante el periodo en que ocurrieron los hechos investigados. La decisión fue presentada como una forma de reconocer que dichos honores estuvieron vinculados a acciones que vulneraron gravemente los derechos humanos.
La JEP recordó que las investigaciones permitieron establecer que los integrantes de estas unidades militares recibieron diversos beneficios, entre ellos permisos especiales, días de descanso, felicitaciones públicas, planes vacacionales, ascensos y oportunidades de formación, como consecuencia de los supuestos resultados operacionales reportados.
Las víctimas valoraron la importancia de estos espacios de verdad, aunque reiteraron que el dolor causado es irreparable. Representantes de las familias señalaron que estos procesos contribuyen a preservar la memoria histórica y a combatir la negación de los hechos ocurridos. Asimismo, insistieron en que las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales no pueden ser reducidas a cifras estadísticas, pues eran personas con proyectos de vida, familias y sueños que fueron truncados por la violencia.
La audiencia forma parte de los esfuerzos de la JEP por esclarecer la verdad, garantizar la reparación a las víctimas y establecer las responsabilidades de quienes participaron en uno de los capítulos más dolorosos del conflicto armado colombiano.
