Un exmiembro de la junta directiva de Ecopetrol pidió que se suspendan a los funcionarios que autorizaron un chequeo de la UIAF —información revelada recientemente por el medio —, argumentando que esas actuaciones podrían constituir una “instrumentalización” de las capacidades estatales de inteligencia.
Qué ocurrió
- La solicitud de la revisión partió de Ecopetrol, que entregó a la UIAF un listado con nombres de exmiembros de junta, contratistas, directivos sindicales y otros empleados vinculados a la compañía.
- Entre los señalados aparecen exdirectivos, líderes del sindicato Unión Sindical Obrera (USO), contratistas y otros vinculados a la compañía.
Declaraciones del exdirectivo
- En una carta abierta, el exmiembro de junta, Carlos Gustavo Cano, manifestó su rechazo frente a lo que considera un procedimiento inconstitucional: “me considero víctima de persecución”.
- Asegura que la UIAF, adscrita al Gobierno, está siendo usada como “herramienta inquisidora” para “espiar o vengar contradictorios”.
Denuncias de irregularidades y respuestas institucionales
- El exdirectivo instó a la Procuraduría General de la Nación a intervenir de urgencia y a ordenar la suspensión provisional de quienes autorizaron el chequeo — inclu yendo directivos de Ecopetrol y de la UIAF — mientras se adelanta la investigación.
- El argumento central: las revisiones no habrían respetado garantías de reserva, dignidad, honra y debido proceso de los implicados.
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Qué significa este caso para la transparencia institucional
- La apertura de indagación por parte de la Procuraduría busca determinar si hubo abuso de inteligencia financiera, irregularidades en el manejo de datos personales y posibles violaciones de derechos fundamentales.
- El caso despierta dudas sobre los límites del uso de mecanismos de control financiero para investigar a empleados públicos o privados vinculados a entidades estatales — especialmente cuando involucra antiguos directivos y miembros de juntas.