La producción de trucha en Boyacá entró en un momento crítico tras el inicio de un proceso de formalización ambiental liderado por Corpoboyacá, que busca regular el uso del agua y garantizar la protección de ecosistemas estratégicos. La medida, aunque necesaria desde el punto de vista ambiental, encendió las alarmas entre decenas de productores que dependen de esta actividad para sobrevivir.
Desde hace semanas, equipos técnicos de la autoridad ambiental vienen realizando visitas a fincas piscícolas en diferentes municipios, especialmente en zonas como Aquitania, donde esta actividad es uno de los principales motores económicos. Allí, los funcionarios evalúan el consumo de agua, las condiciones de producción y el cumplimiento de requisitos legales para otorgar concesiones.
El proceso no es menor. Según explicó el ingeniero Juan Camilo Bautista, cada productor debe demostrar cuánto recurso hídrico utiliza, cómo lo maneja y si cumple con estándares que garanticen la sostenibilidad. “No se trata solo de producir, sino de hacerlo sin afectar las fuentes de agua que abastecen a comunidades enteras”, señaló.
Sin embargo, para los piscicultores la situación genera incertidumbre. Carlos Aguilar, quien lleva más de dos décadas en esta actividad en Aquitania, advirtió que sin los permisos la continuidad de su trabajo está en riesgo. “De esto vivimos muchas familias. Si no logramos formalizarnos, podríamos quedar por fuera del sistema”, expresó con preocupación.
A pesar de los temores, expertos en el área defienden que la piscicultura puede coexistir con el cuidado ambiental. La bióloga Elizabeth Rodríguez explicó que los cultivos de trucha arcoíris operan con sistemas de recambio constante de agua, lo que reduce significativamente el riesgo de contaminación. No obstante, aclaró que el cumplimiento de la normativa es clave para evitar impactos negativos a largo plazo.
En paralelo, Corpoboyacá adelanta mesas de trabajo con la Gobernación de Boyacá y otras entidades, buscando alternativas que permitan a los productores cumplir con la ley sin poner en riesgo su sustento. La apuesta es lograr un equilibrio entre desarrollo económico y conservación ambiental.
El trasfondo de esta situación es claro: los ecosistemas de páramo, fundamentales para la regulación hídrica del país, están bajo presión. Por ello, las autoridades han sido enfáticas en que no habrá excepciones. Quienes no cumplan con los requisitos podrían enfrentar sanciones o incluso la suspensión de su actividad.
El futuro de la piscicultura en Boyacá queda así en una delgada línea entre la legalidad y la supervivencia económica. Lo que está en juego no solo son los ingresos de cientos de familias, sino también la protección de uno de los recursos más valiosos del departamento: el agua.
