El actual administrador de Los Comuneros, Juan Carlos Segura Durán, denunció penalmente a su antecesor, José Luis Campo Gómez, señalándolo de haber suscrito un contrato con el mismo centro comercial que administraba, bajo presuntas condiciones irregulares.
El acuerdo, firmado el 24 de octubre de 2022, tenía como fin realizar gestiones ante Electrohuila para revisar cobros de facturación energética. Sin embargo, según Segura, “no se adelantó ninguna gestión que generara una rebaja en las tarifas o devolución de dinero”.
El contrato, según la denuncia, habría sido adjudicado sin los soportes técnicos adecuados, ya que Campo se presentó como asesor en servicios públicos sin ser experto en la materia. “Hubo falsedad; copió un contrato de una empresa de Ibagué dedicada a ese tipo de asesorías y solo cambió el nombre”, aseguró Segura.
Perjuicios económicos
De acuerdo con la denuncia, el contrato establecía una remuneración del 45% más IVA sobre los valores que eventualmente devolviera la electrificadora, algo que el actual administrador calificó como “abusivo y lesivo”.
Segura afirmó que el pago de esa comisión se habría realizado con recursos del mismo centro comercial, a pesar de que Electrohuila nunca devolvió dinero ni redujo tarifas.
“Ese contrato fue totalmente innecesario, pues esas gestiones son propias del administrador. No requería contratarse a sí mismo para hacerlas”, explicó.
Además, se advirtió que Campo no habría pagado los aportes de seguridad social correspondientes al contrato de prestación de servicios, incumpliendo los requisitos legales.
Defensa de José Campo
El exadministrador, por su parte, negó tener conocimiento de la denuncia penal y señaló que la acción sería una retaliación por la demanda laboral que interpuso contra Los Comuneros tras su despido.
“Hasta hoy no he sido notificado por la Fiscalía. Creo que esta denuncia busca justificar mi despido unilateral sin justa causa”, afirmó Campo.
El exgerente cuestionó que la denuncia se instaurara más de un año después de su salida, justo cuando avanza su proceso laboral contra el centro comercial. “Si había irregularidades, ¿por qué esperaron más de un año para denunciarme?”, se preguntó.
Fiscalía
La Fiscalía 12 Local de Neiva adelanta la investigación para determinar si existieron irregularidades en el manejo contractual y en los pagos realizados durante la administración de Campo Gómez.
El caso ha despertado gran interés entre los copropietarios del centro comercial, quienes piden claridad sobre el uso de los recursos.
De comprobarse los delitos, el exadministrador podría enfrentar penas por abuso de confianza y administración desleal, delitos que castigan el uso indebido de bienes o recursos de una entidad bajo responsabilidad administrativa.