Exalcalde de Oicatá/ Foto: archivo particular
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Oicatá, Boyacá, Fredy Alexander Garzón Rojas, y el entonces secretario de infraestructura, Cesar Augusto Pérez Quito, por presuntas irregularidades relacionadas con un millonario contrato de obra pública destinado a mejorar el acceso al agua potable en las zonas rurales del municipio. El proceso disciplinario gira en torno a un contrato superior a los $1.800 millones que tenía como objetivo inicial la construcción de dos pozos profundos en sectores campesinos estratégicos del territorio.
Según la investigación adelantada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, el contrato contemplaba originalmente la ejecución de los pozos denominados Pionono y Taneca, proyectos que buscaban beneficiar a varias familias rurales afectadas por dificultades en el suministro de agua. Sin embargo, durante el desarrollo contractual se habría realizado una modificación que terminó concentrando la totalidad de los recursos únicamente en el pozo Taneca, dejando sin ejecución el proyecto previsto para el sector Pionono.
El ente de control advirtió que esta modificación contractual habría cambiado de manera sustancial el objeto inicial del contrato, situación que podría representar posibles fallas en la planeación y en el manejo de los recursos públicos destinados a atender necesidades básicas de comunidades campesinas. Para la Procuraduría, la decisión adoptada habría generado afectaciones técnicas, administrativas y sociales, debido a que uno de los proyectos contemplados quedó sin desarrollo pese a haber sido incluido dentro de las metas iniciales de la obra.
De acuerdo con el expediente disciplinario, el exalcalde habría autorizado la modificación contractual pese a las posibles implicaciones que esta tendría sobre el cumplimiento integral del proyecto. Por esta razón, la conducta fue calificada provisionalmente como gravísima a título de culpa gravísima.
En el caso del exsecretario de infraestructura, quien ejercía funciones de supervisión sobre el contrato, la Procuraduría sostiene que habría avalado presuntamente la modificación que permitió redireccionar los recursos hacia un único proyecto. Su conducta fue calificada provisionalmente como grave a título de culpa grave.
Mientras avanza el proceso disciplinario, crecen las inquietudes en Oicatá sobre la transparencia, la planeación y la correcta ejecución de los recursos públicos destinados a garantizar el acceso al agua potable en las comunidades rurales del municipio.
