Bogotá, julio de 2025. En un documento de más de 400 páginas entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), seis exintegrantes del último secretariado de las extintas FARC aceptaron su responsabilidad por el reclutamiento de más de 18.000 menores de edad durante el conflicto armado, pero negaron que hubiera un patrón criminal sistemático en casos de violencia sexual y reproductiva dentro de la organización.
El informe, firmado por Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo, Jaime Alberto Parra y Milton de Jesús Toncel, responde a la imputación hecha por la JEP en noviembre de 2024 por crímenes de guerra y de lesa humanidad, en el marco del macrocaso 07.
Los comparecientes calificaron el reclutamiento infantil como un «error profundo e injustificable», y reconocieron que se trató de una práctica extendida, aunque no institucionalizada. Según afirman, esta se dio por falta de control de mandos medios y no como resultado de una política formal. Aceptaron, además, que existía una orientación interna para reclutar jóvenes entre los 15 y 30 años.
Niegan políticas de violencia sexual
El punto más controvertido del documento radica en la negativa de los excomandantes a reconocer un patrón sistemático de violencias sexuales, reproductivas y por prejuicio al interior de las filas guerrilleras. La JEP había imputado a la antigua cúpula delitos como anticoncepción y aborto forzado, esclavitud sexual y castigo por orientación sexual, señalando su carácter generalizado y organizado.
Los firmantes niegan que existiera una política institucional que promoviera tales prácticas. Alegan que los casos registrados fueron excepcionales, que muchos fueron sancionados internamente y que, en algunos frentes, las decisiones sobre embarazos o anticoncepción fueron personales o sanitarias. Cuestionaron que la JEP agrupara distintas conductas bajo un mismo patrón sin, según ellos, diferenciar su naturaleza o probar su sistematicidad.
También rechazaron la idea de que la organización funcionara como un “aparato organizado de poder para cometer crímenes internacionales”, afirmando que su lucha fue de carácter político, dentro del derecho a la rebelión.
Reacciones encontradas
Las reacciones al documento han sido divididas. Algunas organizaciones valoran el reconocimiento del reclutamiento como un avance, pero defensores de víctimas consideran que el reconocimiento es incompleto y minimiza violencias graves.
Juan Manuel Martínez, abogado de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado (COALICO), afirmó que los excomandantes están asumiendo responsabilidades “ya inocultables”, pero que eluden la verdad sobre crímenes sexuales y relativizan testimonios.
“Pareciera que los comparecientes llegan a este momento con una actitud equivocada. Reconocen lo que es imposible negar, pero se quedan cortos cuando se trata de asumir responsabilidades individuales”, señaló.
¿Qué sigue?
La JEP evaluará si el reconocimiento presentado cumple con los estándares de verdad plena, detallada y consistente. Si lo considera suficiente, podrá convocar una audiencia pública de reconocimiento, paso previo para imponer sanciones propias —no privativas de libertad—. De lo contrario, el caso podría trasladarse a una fase adversarial, con riesgo de sanciones ordinarias de hasta 20 años de prisión.
El tribunal también deberá pronunciarse sobre las críticas metodológicas presentadas por los excomandantes, quienes acusan a la JEP de construir los patrones criminales con base en “interpretaciones forzadas” y sin el debido rigor probatorio.
Según datos de la JEP, entre 1971 y 2016 las FARC reclutaron a 18.677 menores, de los cuales el 29 % de las niñas fueron sometidas a anticoncepción forzada y el 23 % a abortos no consentidos. Hasta la fecha, se han acreditado 951 víctimas directas y familiares en este caso.