La reciente decisión del Gobierno Nacional de derogar el decreto que durante más de dos décadas declaró como zonas de amenaza volcánica alta a los municipios de La Florida, Nariño y Pasto marca un hito histórico que hoy se traduce en esperanza, alivio y, sobre todo, en una profunda alegría colectiva.
Nos referimos a una noticia largamente esperada por comunidades que, durante años, vivieron bajo el peso de una medida que, aunque motivada por la prevención, terminó convirtiéndose en un obstáculo casi insalvable para su desarrollo.
Durante más de veinte años, estas poblaciones estuvieron condicionadas por las restricciones impuestas a raíz de la actividad del volcán Galeras. Las limitaciones en la construcción, la inversión y la planificación territorial frenaron iniciativas clave para el progreso económico y social.
Familias enteras vieron truncados sus proyectos de vida; empresarios desistieron de invertir; y los gobiernos locales enfrentaron enormes dificultades para ejecutar obras de infraestructura esenciales. En la práctica, el decreto generó una parálisis que afectó tanto el presente como el futuro de estos municipios.
Por ello, la derogatoria anunciada en las últimas horas en la ciudad de Ipiales, por el presidente Gustavo Petro, representa mucho más que un acto administrativo: es un reconocimiento implícito del impacto negativo que esta medida tuvo sobre miles de ciudadanos. Es también una oportunidad para corregir el rumbo y abrir las puertas a una nueva etapa de crecimiento, en la que el desarrollo pueda avanzar de la mano con la gestión del riesgo, pero sin condenar a la inmovilidad a comunidades enteras.
Hoy, en las calles de La Florida, Nariño y Pasto, se respira un ambiente distinto. La noticia ha sido recibida con entusiasmo, con la sensación de que, finalmente, se hace justicia. Las autoridades locales, los comerciantes, los campesinos y los jóvenes coinciden en un mismo sentimiento: el de poder mirar hacia adelante sin las ataduras que por tanto tiempo limitaron sus aspiraciones.
La posibilidad de construir, de invertir y de planificar con mayor libertad abre un abanico de oportunidades. Se reactivan proyectos de vivienda, se dinamiza el comercio, se fortalecen las expectativas de empleo y se renueva la confianza en el territorio. Este cambio no solo impacta la economía, sino también el tejido social, al devolverle a la población la esperanza y el sentido de pertenencia.
Sin embargo, esta nueva etapa también plantea retos importantes. La derogatoria del decreto no debe interpretarse como una negación del riesgo volcánico, sino como una invitación a gestionarlo de manera más equilibrada y técnica. Es fundamental que las autoridades, en conjunto con la comunidad y los expertos, implementen estrategias modernas de monitoreo, prevención y educación que permitan convivir con el entorno natural sin caer en extremos que perjudiquen el desarrollo.
El desafío ahora es construir un modelo de crecimiento sostenible, en el que la seguridad y el progreso no sean conceptos opuestos, sino complementarios. La experiencia de estos años debe servir como lección para evitar decisiones que, aunque bien intencionadas, terminen generando más perjuicios que beneficios.
En definitiva, la derogatoria del decreto simboliza el fin de una larga etapa de restricciones y el inicio de un nuevo capítulo lleno de posibilidades. La alegría que hoy se vive en La Florida, Nariño y Pasto es el reflejo de una comunidad resiliente que, pese a las dificultades, nunca perdió la esperanza. Es el momento de avanzar, de reconstruir y de demostrar que, incluso después de años de estancamiento, es posible retomar el camino del desarrollo con más fuerza que nunca.
