Exalcaldesa de Duitama-Boyacá/ Constanza Isabel Ramírez Acevedo/ Foto: archivo particular
La Fiscalía General de la Nación formulará este viernes acusación formal contra la exalcaldesa de Duitama, Constanza Isabel Ramírez Acevedo, dentro del proceso judicial que investiga presuntas irregularidades en la construcción del Centro de Integración Ciudadana (CIC), una obra que terminó convertida en uno de los proyectos más cuestionados de la ciudad. La diligencia se realizará ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Duitama y estará a cargo de la Fiscalía 41 de Delitos contra la Administración Pública, despacho que le imputará los delitos de peculado por apropiación y celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Según la investigación, las decisiones tomadas durante la ejecución contractual habrían provocado un detrimento patrimonial superior a los 282 millones de pesos para el municipio. El caso se remonta al primer periodo de gobierno de la exmandataria, entre 2012 y 2015, cuando la administración adjudicó el contrato al Consorcio Duitama 2014 para desarrollar la construcción del Centro de Integración Ciudadana.
De acuerdo con el expediente, la Fiscalía sostiene que la administración municipal habría omitido declarar el incumplimiento del contratista pese a las múltiples fallas detectadas durante la ejecución de la obra. Las investigaciones indican que, aun cuando existían advertencias técnicas y reportes sobre inconsistencias estructurales y retrasos, el proceso sancionatorio habría sido archivado sin aplicar medidas contra los responsables.
Con el paso del tiempo, la obra quedó inconclusa y terminó convertida en un “elefante blanco”, con estructuras deterioradas y sin utilidad para la comunidad. El ente acusador también documentó otras presuntas anomalías contractuales. Entre ellas, la firma del acta de inicio 55 días después de adjudicado el contrato, la aprobación de varias prórrogas que, según la investigación, no contaban con suficiente sustento técnico y la realización de pagos anticipados que presuntamente no tenían respaldo jurídico. Otro de los puntos que llamó la atención de la Fiscalía es la posible falsificación de la firma de uno de los integrantes del consorcio constructor.
Según el proceso, esta persona manifestó que nunca autorizó el uso de sus documentos y aseguró no haber participado en el trámite contractual relacionado con la obra. Por estos hechos también avanzan procesos judiciales contra Juan Carlos Betancourt Nova, interventor del contrato, y Adriana de Jesús Blanco Ceballos, representante legal del consorcio constructor. Ambos son investigados por los presuntos delitos de peculado por apropiación, fraude procesal y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
La audiencia marcará una nueva etapa en uno de los procesos de corrupción más delicados que enfrenta Duitama en los últimos años, mientras las autoridades buscan establecer responsabilidades por el millonario daño patrimonial y el fracaso de una obra que nunca cumplió el propósito para el que fue contratada.
