La propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una asamblea constituyente podría introducir transformaciones de fondo en el modelo económico colombiano, especialmente en lo relacionado con el funcionamiento del Banco de la República y la estructura productiva del país.
Según sectores críticos, la iniciativa del Gobierno abriría la puerta a una mayor intervención estatal en la economía. La senadora María Fernanda Cabal advirtió, a través de su cuenta en X, que con esta propuesta “se busca intervenir el Banco de la República, eliminar la tercerización laboral, imponer un esquema productivo controlado por el Estado y conservar el dominio sobre sectores estratégicos de la economía”.
El jefe de Estado ha reiterado en varias ocasiones que Colombia debe dejar atrás lo que denomina un modelo económico “rentista y extractivista” y avanzar hacia un sistema sustentado en “economías mixtas”, donde el sector público tenga un rol más activo junto al sector privado.
Desde la perspectiva del Gobierno, el Estado no debería limitarse únicamente a regular la actividad económica, sino también participar directamente en el impulso de áreas consideradas prioritarias para el desarrollo nacional. En ese sentido, la propuesta oficial plantea la necesidad de “revisar y ajustar” el funcionamiento del Banco de la República, así como reformar la banca pública y la política monetaria, en articulación con un programa nacional de desarrollo productivo orientado a la generación masiva de empleo y a la eliminación de la tercerización laboral.
El debate sobre la constituyente volvió a tomar fuerza recientemente, luego de que el presidente Petro insistiera nuevamente en la conveniencia de convocarla como mecanismo para impulsar estas reformas estructurales.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario explicó que la eventual asamblea constituyente no coincidiría con el actual calendario electoral. Detalló que el proceso apenas iniciaría con la recolección de firmas durante un período de tres meses y que la propuesta sería presentada al nuevo Congreso después del 20 de julio, cuando ya se hayan elegido tanto el Legislativo como la nueva Presidencia de la República.
Petro aclaró que la discusión se daría en un escenario sin elecciones en curso y que, en caso de ser aprobada por el Congreso y la Corte Constitucional, la constituyente se desarrollaría en las fechas que determine ese alto tribunal, con un plazo máximo de tres meses posteriores. De esta manera, enfatizó que ni la convocatoria, ni la elección de los constituyentes, ni sus deliberaciones coincidirían con los actuales procesos electorales.