Un joven estudiante de dieciocho años, quien recientemente inició su etapa universitaria, fue víctima de un grave error de identificación mientras compraba unas medias en la calle 17 del centro de la capital nariñense. Según el relato de su progenitora, el ciudadano fue abordado repentinamente mediante un golpe contundente en la cabeza, propinado por una mujer que lo señalaba a gritos como el autor de un hurto de un dispositivo móvil bajo la modalidad de cobro ilegal. La situación escaló rápidamente cuando comerciantes del sector se sumaron a la arremetida colectiva contra el joven, obligando la intervención inmediata de efectivos de la Policía Metropolitana del CAI San Agustín, quienes procedieron con la captura y el traslado del implicado ante la autoridad competente.
El caso dio un giro determinante tras las actuaciones judiciales y técnicas realizadas por las autoridades. La verificación de registros de cámaras de seguridad del sector, sumada a los testimonios fundamentales de la vendedora de medias, el presunto cobrador Gota a Gota y otros comerciantes presentes, permitió esclarecer que el estudiante era totalmente ajeno a los hechos delictivos denunciados. Se confirmó que la agresora incurrió en un yerro al señalar erróneamente al universitario como cómplice o colaborador de un individuo que efectivamente desarrolla actividades de préstamo informal. Ante la contundencia de las pruebas que desvirtuaron la participación del joven en el hurto, la Fiscalía ordenó su libertad inmediata, al constatarse la inexistencia de elementos materiales probatorios que vincularan su conducta con el ilícito.
Tras la liberación del joven, quien sufrió lesiones físicas producto de la agresión inicial, la familia ha decidido emprender acciones legales de carácter penal contra la mujer que ejecutó la falsa imputación y la agresión física directa. Adicionalmente, se han instaurado los requerimientos administrativos correspondientes ante la Policía Nacional, con el objetivo de evaluar la trazabilidad del procedimiento policial y garantizar la protección de los derechos fundamentales del ciudadano. Este incidente pone en evidencia los riesgos derivados de la justicia por mano propia y la importancia de la rigurosidad probatoria en el ejercicio de la vigilancia ciudadana, evitando así la vulneración del debido proceso y la integridad personal de ciudadanos que, como en este caso, resultan ser ajenos a cualquier actividad delictiva.
