La Fiscalía imputará a Roberto Prieto por ocultar un millón de dólares entregado por Odebrecht que nunca fue declarado ante las autoridades electorales, pese al cobro de la reposición de votos.
REVIVE EL EXPEDIENTE DE ODEBRECHT

Roberto Prieto Uribe, exgerente de campaña presidencial Santos. Imagen apoyada en IA.
La Fiscalía General de la Nación volverá a llevar a los estrados judiciales a Roberto Prieto Uribe, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014. El ente investigador anunció que le imputará los delitos de enriquecimiento ilícito y fraude procesal por la presunta recepción de un millón de dólares provenientes de la constructora brasileña Odebrecht para financiar una encuesta electoral que, según las investigaciones, nunca fue reportada en la contabilidad oficial de la campaña. La decisión se produjo tras reactivar un expediente apoyado en nuevos análisis del Grupo de Análisis para el Caso Odebrecht (Graco) y en información compartida entre las autoridades colombianas y la justicia de Estados Unidos. Para la Fiscalía, la omisión del ingreso de esos recursos habría permitido presentar cuentas de campaña que no reflejaban el verdadero monto de los gastos, situación que pudo incidir en el cumplimiento de los topes establecidos por la autoridad electoral para las elecciones presidenciales de 2014.
EL MILLONARIO APORTE Y LA PRESUNTA IRREGULARIDAD

Luz Adriana Camargo Garzón, Fiscal General de la Nación. Imagen apoyada en IA.
De acuerdo con el documento preparado por la Fiscalía, el dinero habría sido utilizado para financiar una encuesta sobre la percepción de la candidatura de Santos, contratada mediante una compleja red de sociedades vinculadas a la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, señalada de administrar los pagos ilícitos de la multinacional en varios países de América Latina. El ente acusador sostiene que esos recursos nunca fueron informados al Consejo Nacional Electoral (CNE), pese a que constituían un aporte susceptible de ser registrado. Además, afirma que, con base en la información entregada por la campaña, el CNE aprobó las cuentas y autorizó el pago de la reposición de votos, lo que permitió el desembolso cercano a 16.000 millones de pesos por parte de la Registraduría Nacional. Para la Fiscalía, ese reconocimiento económico no habría procedido si los aportes de Odebrecht hubieran sido incluidos en los informes oficiales, pues la campaña habría superado los límites de financiación permitidos por la ley.
LA DEFENSA RECHAZA LAS ACUSACIONES

Jesús Albeiro Yepes Morales, abogado defensor. Imagen apoyada en IA.
La defensa de Roberto Prieto negó de manera categórica las acusaciones y calificó la nueva imputación como una decisión injustificada. Su abogado, Jesús Albeiro Yepes, aseguró que estos hechos eran conocidos por la Fiscalía desde 2017 y que, en ese momento, no se encontraron méritos para formular cargos por esta conducta. También afirmó que Prieto nunca conoció ni participó en la contratación de la encuesta financiada por Odebrecht y sostuvo que los directivos de la empresa jamás la reportaron como un aporte de campaña. Ahora será un juez quien determine si existen suficientes elementos para avanzar con el proceso penal y establecer la eventual responsabilidad del exgerente en uno de los episodios más controvertidos del escándalo Odebrecht en Colombia.


