Estados Unidos elevó nuevamente la tensión con la Corte Penal Internacional (CPI) después de imponer, el 18 de agosto de 2026, sanciones contra la presidenta del tribunal, la jueza japonesa Tomoko Akane, y contra el abogado principal de juicio de la Fiscalía de la CPI, Abdoulaye Seye, de nacionalidad senegalesa.
La nueva medida forma parte de una campaña iniciada por la administración del presidente Donald Trump contra el tribunal con sede en La Haya, al que Washington acusa de exceder sus competencias y de intentar ejercer jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses e israelíes sin el consentimiento de sus respectivos gobiernos.
Las sanciones tienen un componente financiero importante: implican el bloqueo de los activos que los funcionarios designados puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y restringen su acceso al sistema financiero de Estados Unidos. Además, las medidas contemplan restricciones de entrada al territorio estadounidense.
La CPI, por su parte, rechazó las nuevas designaciones y las calificó como un ataque contra la independencia de una institución judicial internacional. El tribunal aseguró que continuará ejerciendo sus funciones con independencia e imparcialidad pese a las presiones.
Una nueva escalada en el conflicto entre Washington y La Haya
La decisión del Gobierno estadounidense no representa un episodio aislado. Es el último capítulo de una confrontación que se intensificó desde febrero de 2025, cuando Trump firmó la Orden Ejecutiva 14203, denominada Imposing Sanctions on the International Criminal Court.
Mediante esa orden, la Casa Blanca declaró una emergencia nacional relacionada con lo que calificó como una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos derivada de las actuaciones de la CPI.
El decreto autorizó medidas como el bloqueo de propiedades y activos, así como restricciones de entrada a Estados Unidos contra funcionarios, empleados y agentes de la Corte Penal Internacional y, en determinadas circunstancias, sus familiares directos.
La administración Trump argumentó que la CPI había actuado ilegítimamente al investigar a personal estadounidense y al emitir órdenes de arresto contra dirigentes israelíes, entre ellos el primer ministro Benjamin Netanyahu y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant.
Washington sostiene que ni Estados Unidos ni Israel son Estados parte del Estatuto de Roma y, por tanto, rechaza que la CPI pueda ejercer jurisdicción sobre sus nacionales en determinadas circunstancias.
Sin embargo, el argumento es más complejo desde el punto de vista jurídico.
¿Por qué la CPI considera que puede investigar a ciudadanos de países que no son miembros?
La Corte Penal Internacional no funciona exactamente como un tribunal nacional que necesita el consentimiento de cada acusado para ejercer jurisdicción.
El Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI, establece diferentes bases para que el tribunal pueda ejercer competencia. Entre ellas se encuentra el territorio donde presuntamente se cometió el crimen.
La propia CPI explica que puede investigar delitos cometidos en el territorio de un Estado parte o por nacionales de un Estado parte. También existen otras vías, como la aceptación de jurisdicción por parte de un Estado que no pertenece al Estatuto de Roma o una remisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Este punto es fundamental para comprender la disputa entre Washington y La Haya.
Estados Unidos no forma parte del Estatuto de Roma y nunca ha sido miembro de la CPI. Israel tampoco es Estado parte. Sin embargo, Palestina se incorporó al sistema del Estatuto de Roma, lo que permitió que la Fiscalía de la CPI argumentara que determinados hechos ocurridos en territorio palestino podían quedar dentro de la jurisdicción territorial del tribunal, incluso cuando los presuntos responsables fueran ciudadanos de un Estado que no pertenece a la Corte.
Reuters explicó que el Estatuto permite a la CPI ejercer jurisdicción sobre crímenes cometidos en el territorio de un Estado miembro por nacionales de países que no son miembros.
Es precisamente esta interpretación la que Estados Unidos rechaza.
Las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant fueron un punto de inflexión
La disputa adquirió una dimensión mucho mayor cuando la Fiscalía de la CPI solicitó órdenes de arresto contra dirigentes israelíes en el contexto de la guerra de Gaza.
La situación de Palestina se convirtió en uno de los principales argumentos utilizados por Washington para justificar sus sanciones.
Estados Unidos considera que la CPI está intentando someter a funcionarios de países que no han aceptado su jurisdicción. La administración Trump ha descrito las actuaciones del tribunal como una amenaza para la soberanía estadounidense y para Israel, uno de sus principales aliados.
La Orden Ejecutiva 14203 menciona expresamente las investigaciones relacionadas con personal estadounidense y las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant como parte de las razones por las cuales Washington considera que la actuación de la CPI constituye una amenaza.
La CPI sostiene la posición contraria: afirma que sus jueces y fiscales están obligados a aplicar el Estatuto de Roma y que las presiones externas no deben determinar sus decisiones judiciales.
La ofensiva estadounidense comenzó antes de las nuevas sanciones de 2026
Aunque la decisión contra Tomoko Akane y Abdoulaye Seye es la noticia más reciente, la campaña estadounidense contra la CPI comenzó en 2025 y fue ampliándose progresivamente.
El primer gran paso se produjo el 6 de febrero de 2025, cuando Trump firmó la Orden Ejecutiva 14203 y posteriormente se designó para sanciones al entonces fiscal jefe de la CPI, Karim Khan.
Después llegaron nuevas rondas.
El 5 de junio de 2025, Estados Unidos sancionó a cuatro jueces de la CPI: Solomy Balungi Bossa, de Uganda; Luz del Carmen Ibáñez Carranza, de Perú; Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou, de Benín; y Beti Hohler, de Eslovenia.
En agosto de ese mismo año, Washington amplió las medidas contra otros dos jueces, Kimberly Prost, de Canadá, y Nicolas Guillou, de Francia, además de los fiscales adjuntos Nazhat Shameem Khan, de Fiyi, y Mame Mandiaye Niang, de Senegal.
Finalmente, el 18 de diciembre de 2025, Estados Unidos sancionó a otros dos jueces: Gocha Lordkipanidze, de Georgia, y Erdenebalsuren Damdin, de Mongolia.
Con esa última ronda de 2025, el número de jueces y fiscales de la CPI afectados por las sanciones estadounidenses había llegado a 11.
La nueva decisión de agosto de 2026 llevó la presión a un nivel diferente, al incluir directamente a la presidenta de la institución.
¿Qué significa sancionar a un juez de la CPI?
Las medidas estadounidenses no equivalen a una condena penal ni significan que los jueces hayan sido declarados culpables de un delito por un tribunal estadounidense.
Se trata de sanciones económicas y restricciones administrativas impuestas por el Gobierno de Estados Unidos mediante su legislación ejecutiva y su régimen de sanciones.
En términos prácticos, pueden tener consecuencias importantes.
Una persona incluida en el régimen de sanciones puede enfrentar el bloqueo de activos sujetos a jurisdicción estadounidense y dificultades para utilizar servicios financieros relacionados con Estados Unidos.
El efecto también puede extenderse indirectamente al sistema financiero internacional, debido al peso que tienen las instituciones estadounidenses y el dólar en las operaciones internacionales.
Reuters informó que las sanciones pueden cortar prácticamente a los afectados del sistema financiero estadounidense y que el Departamento del Tesoro emitió una licencia general para permitir que las transacciones relacionadas con Akane y Seye pudieran finalizar hasta el 17 de septiembre de 2026.
Por ello, el impacto no necesariamente se limita a tener o no dinero dentro de Estados Unidos.
Las consecuencias pueden llegar a la vida cotidiana
Las experiencias de los funcionarios sancionados durante 2025 muestran que las consecuencias pueden ser más amplias de lo que sugiere la expresión «congelación de activos».
La agencia Associated Press informó que algunos funcionarios sancionados tuvieron problemas para acceder a servicios financieros, tarjetas de crédito y plataformas tecnológicas.
La jueza canadiense Kimberly Prost, por ejemplo, relató que perdió el acceso a sus tarjetas de crédito después de ser incluida en el régimen estadounidense de sanciones.
Otros funcionarios han señalado que las restricciones pueden afectar indirectamente a sus familiares y dificultar actividades cotidianas.
La razón es que numerosas empresas internacionales mantienen vínculos con el sistema financiero estadounidense y pueden optar por evitar operaciones con personas sancionadas para reducir riesgos regulatorios.
Esto genera un fenómeno conocido como sobrecumplimiento de sanciones, mediante el cual compañías que no están directamente obligadas por una determinada medida pueden decidir no prestar servicios a una persona sancionada por temor a entrar en conflicto con las autoridades estadounidenses.
Tomoko Akane: la presidenta de la CPI entra directamente en la lista
La inclusión de Tomoko Akane representa un elemento especialmente relevante.
Akane es una jueza japonesa y presidenta de la Corte Penal Internacional. La decisión estadounidense convierte a la máxima autoridad judicial del tribunal en uno de los objetivos directos de las medidas de Washington.
La CPI confirmó el 19 de agosto que Akane y Abdoulaye Seye fueron incluidos en el régimen estadounidense de sanciones. El tribunal señaló que, con estas nuevas designaciones, nueve de sus 18 jueces, los dos fiscales adjuntos, el antiguo fiscal jefe y un miembro del personal de la Fiscalía han sido sancionados por Estados Unidos.
La elección de Akane tiene además una dimensión diplomática porque Japón es un aliado cercano de Estados Unidos.
El Gobierno japonés calificó las sanciones contra su ciudadana como «muy desafortunadas» y señaló que Tokio mantendría conversaciones con los países implicados. Reuters destacó que Japón es un firme defensor de la CPI y forma parte del Estatuto de Roma desde 2007.
¿Quién es Abdoulaye Seye?
El segundo funcionario sancionado en agosto de 2026 es Abdoulaye Seye, abogado principal de juicio de la Oficina del Fiscal de la CPI y ciudadano de Senegal.
Seye formó parte del equipo de la Fiscalía que trabajó en el caso relacionado con la solicitud de una orden de arresto contra Netanyahu.
Además, ha sido nominado para ocupar un puesto como juez de la Corte, de acuerdo con Reuters.
Su inclusión muestra que las medidas estadounidenses no están dirigidas exclusivamente contra los integrantes del poder judicial de la CPI, sino que también alcanzan a funcionarios de la Fiscalía que participan en investigaciones consideradas por Washington contrarias a sus intereses.
La respuesta de la Corte: «un ataque contra la independencia judicial»
La reacción de la CPI fue contundente.
El tribunal sostuvo que las nuevas sanciones constituyen un ataque contra la independencia de una institución judicial internacional y advirtió que amenazar a jueces y funcionarios por aplicar la ley puede poner en riesgo el sistema jurídico internacional.
La Corte afirmó que continuará cumpliendo su mandato con independencia e imparcialidad.
La Asamblea de los Estados Partes, organismo de supervisión y administración del sistema del Estatuto de Roma, también ha expresado preocupación por el impacto de las sanciones sobre las investigaciones y la capacidad de la Corte para cumplir sus funciones.
Documentos presupuestarios de la propia Asamblea ya habían advertido que las medidas coercitivas contra el tribunal y sus funcionarios estaban generando consecuencias financieras y operativas que obligaban a reforzar la resiliencia institucional.
Países europeos respaldan a la CPI
Las sanciones también están generando tensiones entre Washington y algunos de sus aliados.
Los Países Bajos, país que alberga la sede de la Corte en La Haya, rechazaron las nuevas medidas estadounidenses. El ministro de Exteriores neerlandés, Tom Berendsen, afirmó que los tribunales internacionales deben poder desarrollar libremente sus mandatos y extendió una invitación a Akane para conversar sobre el respaldo neerlandés a la institución.
Alemania también expresó su respaldo a la CPI y sostuvo que el tribunal está cumpliendo con la misión para la que fue creado.
La posición europea es especialmente significativa porque varios países de la Unión Europea son miembros del Estatuto de Roma y mantienen una cooperación directa con la Corte.
Estados Unidos busca aumentar la presión sobre los países miembros
La estrategia de Washington tampoco se limita a sancionar a individuos.
En julio de 2026, el secretario de Estado Marco Rubio anunció que Estados Unidos intensificaría su campaña para debilitar la influencia de la CPI, incluyendo esfuerzos diplomáticos para convencer a los países miembros de abandonar el tribunal.
Reuters señaló que al menos cinco países han anunciado recientemente su intención de retirarse de la institución.
El proceso de salida, sin embargo, no es inmediato. El Estatuto de Roma establece que la retirada de un Estado parte entra en vigor un año después de que la notificación correspondiente sea recibida por el secretario general de Naciones Unidas, salvo que el propio Estado establezca una fecha posterior.
Esto significa que las presiones políticas pueden tener consecuencias a largo plazo sobre la composición del sistema de justicia internacional.
El problema de fondo: soberanía frente a justicia internacional
Más allá de las sanciones concretas, el enfrentamiento plantea una pregunta fundamental para el derecho internacional: ¿hasta dónde puede llegar un tribunal internacional cuando los presuntos responsables pertenecen a un Estado que no reconoce su jurisdicción?
Estados Unidos defiende una interpretación basada en la soberanía nacional. Su argumento central es que Washington no aceptó someter a sus ciudadanos a la jurisdicción de la CPI y que Israel tampoco lo hizo.
La Corte, en cambio, sostiene que su jurisdicción puede activarse cuando se cumplen las condiciones establecidas por el Estatuto de Roma, entre ellas la comisión de determinados crímenes en territorios sobre los que el tribunal tiene competencia.
El conflicto, por tanto, no es únicamente político. También es una disputa jurídica sobre el alcance de la jurisdicción internacional.
La CPI no tiene una policía propia
Otro elemento importante para comprender la situación es que la CPI no funciona como una policía internacional.
La Corte no cuenta con una fuerza propia capaz de ejecutar órdenes de arresto. Depende de la cooperación de los Estados para detener a personas buscadas y para ejecutar determinadas decisiones judiciales.
Esto significa que la capacidad de presión política y económica de los Estados puede tener un impacto considerable sobre la actividad del tribunal.
Al mismo tiempo, la CPI depende de sus Estados miembros para financiarse, facilitar investigaciones, compartir información y ejecutar órdenes judiciales.
Por esa razón, una campaña destinada a reducir la cooperación internacional con la institución podría afectar su capacidad operativa incluso sin que la Corte sea formalmente disuelta.
Un conflicto que también afecta al futuro de la justicia internacional
La escalada entre Estados Unidos y la CPI ocurre en un momento especialmente delicado para el sistema de justicia internacional.
El tribunal enfrenta simultáneamente investigaciones sobre algunos de los conflictos más sensibles del mundo y presiones políticas procedentes de distintos gobiernos.
Rusia, por ejemplo, también ha adoptado medidas contra funcionarios de la Corte. Naciones Unidas ha documentado procesos y condenas en ausencia contra fiscales y jueces de la CPI por parte de autoridades rusas.
La presión estadounidense es diferente en naturaleza, pero produce una preocupación similar entre los defensores de la institución: que los jueces puedan verse condicionados por las consecuencias que enfrentan cuando adoptan decisiones que afectan a grandes potencias o a sus aliados.
¿Qué puede ocurrir ahora?
La disputa probablemente continuará durante los próximos meses.
En Estados Unidos ya existen acciones judiciales contra la administración Trump relacionadas con las sanciones. En junio de 2026, tres jueces de la CPI presentaron una demanda ante un tribunal federal estadounidense cuestionando la legalidad de las medidas impuestas contra ellos. Los demandantes sostienen que las sanciones son ilegales y buscan ejercer presión sobre jueces por las decisiones adoptadas en el marco de sus funciones.
Además, organizaciones defensoras de los derechos humanos han presentado demandas contra la política estadounidense hacia la Corte.
El resultado de estos litigios podría determinar hasta dónde puede llegar el Ejecutivo estadounidense al utilizar sus mecanismos de sanciones contra funcionarios extranjeros de una institución judicial internacional.
Mientras tanto, la administración Trump mantiene su postura de que la CPI está excediendo sus competencias y que Estados Unidos debe proteger a sus ciudadanos y aliados frente a actuaciones que considera ilegítimas.
La Corte Penal Internacional sostiene exactamente lo contrario: que ceder ante las amenazas de sanciones significaría comprometer su independencia.
Una disputa que trasciende a Estados Unidos e Israel
El enfrentamiento entre Washington y la CPI no afecta únicamente a Estados Unidos, Israel o los funcionarios sancionados.
En el fondo está en juego el modelo de justicia internacional construido alrededor del Estatuto de Roma desde la creación de la Corte en 2002.
La CPI fue concebida para juzgar a personas —no a Estados— por genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión, especialmente cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren investigar genuinamente esos hechos.
Por eso, las sanciones estadounidenses contra jueces y fiscales tienen una dimensión que va más allá de sus consecuencias financieras.
El interrogante es si un tribunal internacional puede mantener su independencia cuando las decisiones que adopta involucran a las principales potencias militares y políticas del mundo.
La respuesta a esa pregunta se está construyendo actualmente en La Haya, Washington y las capitales de los Estados miembros del Estatuto de Roma.
Por ahora, la postura de ambos lados permanece prácticamente intacta: Estados Unidos asegura que está defendiendo su soberanía y la de sus aliados; la Corte Penal Internacional sostiene que está defendiendo la independencia de la justicia internacional.
La nueva ronda de sanciones contra Tomoko Akane y Abdoulaye Seye demuestra que el conflicto está lejos de terminar y que la confrontación entre Washington y La Haya podría convertirse en uno de los principales debates sobre el futuro del derecho internacional durante los próximos años.
