El Gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión del procesamiento de solicitudes de visas de inmigración procedentes de 75 países, una medida que entrará en vigor el próximo 21 de enero, según confirmó el Departamento de Estado. Entre las naciones afectadas figuran varios países de América Latina y el Caribe, como Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Nicaragua y Uruguay.
De acuerdo con un documento interno del Departamento de Estado al que tuvo acceso la agencia Reuters, la decisión se enmarca en una revisión exhaustiva de políticas, normativas e instrucciones con el objetivo de reforzar los controles de seguridad y los procesos de verificación de todos los solicitantes de visas para ingresar a Estados Unidos.
El texto sostiene además que los ciudadanos de los países incluidos en la lista presentan un mayor riesgo de convertirse en dependientes de la asistencia pública estadounidense. En ese sentido, el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, afirmó que la institución hará uso de su autoridad histórica para descalificar a aquellos inmigrantes que puedan representar “una posible carga para el erario público”.
Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia, el Departamento de Estado ha revocado más de 100.000 visas, según datos oficiales difundidos esta semana. Paralelamente, el Ejecutivo ha endurecido los criterios de concesión, incorporando un mayor escrutinio de las redes sociales de los solicitantes y evaluaciones más rigurosas de sus perfiles.
La suspensión afecta de manera significativa a países latinoamericanos y caribeños, aunque llama la atención que Venezuela no figure en esta ocasión, a diferencia de otras medidas migratorias recientes. La lista completa incluye, entre otros, a Afganistán, Albania, Argelia, Bahamas, Bangladesh, Bosnia, Brasil, Colombia, Cuba, Egipto, Haití, Irán, Irak, Jamaica, Marruecos, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Rusia, Somalia, Sudán, Siria, Uruguay y Yemen, además de varias naciones de África, Asia y Europa del Este.
Esta decisión se suma a la amplia ofensiva migratoria impulsada por Trump desde enero, centrada tanto en la inmigración irregular como en la legal. Su administración ha intensificado la aplicación de las leyes migratorias, desplegando agentes federales en grandes ciudades y generando episodios de tensión y enfrentamientos. Al mismo tiempo, ha introducido obstáculos a la inmigración legal, como el aumento de tarifas y mayores exigencias para visas laborales, entre ellas las H-1B destinadas a trabajadores altamente cualificados.
Críticos de la medida sostienen que el impacto será considerable. David Bier, director de Estudios de Inmigración del Instituto Cato, afirmó que esta política representa “la agenda más hostil contra la inmigración legal en la historia del país”. Según sus estimaciones, la suspensión podría impedir la entrada de cerca de la mitad de los inmigrantes legales, afectando a unos 315.000 solicitantes solo en el próximo año.
La restricción se anuncia además a pocos meses de eventos internacionales de gran magnitud, como la Copa Mundial de la FIFA 2026, que Estados Unidos organizará junto a México y Canadá, y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. No obstante, el Departamento de Estado aclaró que la medida no afecta a las visas de no inmigrante, como las de turismo o negocios, que seguirán tramitándose con normalidad.
