Agresiones graves y amenazas sin protección pese denuncias.
Redacción Extra
La violencia de género en Boyacá sigue encendiendo las alarmas y dejando en evidencia graves fallas institucionales. La periodista, activista y lideresa social Gina Rojas Hoyos lanzó un fuerte llamado a las autoridades al solicitar la realización urgente de un Consejo de Seguridad con enfoque de género, ante lo que califica como una falta de protección real para las mujeres en el departamento. “En Boyacá no se está garantizando la seguridad de las mujeres”, advirtió la comunicadora, quien ha venido documentando casos y acompañando procesos relacionados con derechos humanos y memoria.
Uno de los hechos más impactantes es el de María Esmeralda Chivatá Díaz, una mujer de Tunja que fue atropellada de manera intencional por su expareja. Aunque sobrevivió, permanece afectada por múltiples fracturas y graves lesiones que la llevaron a estar varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Rafael. Hoy espera una cirugía que debe ser autorizada por la Nueva EPS, mientras su presunto agresor continúa en libertad. Pero este no sería un caso aislado. Según la denuncia, situaciones similares se estarían presentando en municipios como Duitama, Chitaraque, Santana, San José de Pare y Moniquirá, donde, incluso en posibles casos de tentativa de homicidio, la respuesta de las autoridades ha sido tardía o insuficiente.
El foco de las críticas apunta directamente a las comisarías de familia y a las entidades encargadas de activar las rutas de protección. La denuncia señala demoras, falta de medidas oportunas y ausencia de seguimiento efectivo, lo que deja a las víctimas en una situación de alto riesgo. Las cifras respaldan la preocupación. En 2024, Boyacá registró 25 feminicidios, la cifra más alta de los últimos años, además de más de 5.400 denuncias por violencia de género. Para 2025, reportes periodísticos y análisis regionales ya advertían un aumento sostenido de agresiones, especialmente en zonas rurales donde la presencia institucional es más débil.
En lo corrido de 2026, aunque aún no hay cifras consolidadas, los reportes preliminares siguen mostrando un panorama crítico: agresiones físicas severas, amenazas constantes y casos donde las víctimas ya habían denunciado sin recibir protección efectiva. Para Gina Rojas, el problema no radica en la falta de leyes, sino en su aplicación. Por eso, insiste en que el Consejo de Seguridad debe servir para revisar fallas, ajustar procedimientos y garantizar medidas reales de protección.
El mensaje es contundente: cada denuncia ignorada puede convertirse en una tragedia. Boyacá enfrenta una crisis silenciosa, donde la violencia avanza más rápido que la respuesta del Estado. Y mientras no haya acciones concretas, las mujeres seguirán en riesgo.
