Las estaciones de servicio en Colombia están enfrentando retos significativos para aplicar la reducción de aproximadamente COP 500 por galón anunciada recientemente por el Gobierno nacional, una medida que busca aliviar el costo del combustible tras años de aumentos.
El gremio Somos Uno, que agrupa a unas 6.400 estaciones de servicio en el país, advirtió que aplicar la rebaja de precio de forma inmediata no es viable sin agotar primero el inventario existente, ya que la gasolina se compra a un precio fijado previamente en plantas mayoristas. Vender el combustible adquirido a un valor más alto al precio reducido actual podría significar pérdidas directas, especialmente para estaciones pequeñas y medianas con menor capacidad financiera.
Este problema surge porque el precio en surtidor refleja una disminución neta cercana a COP 500 por galón, tras ajustes en componentes como el impuesto al carbono y el margen minorista, además del recorte en el Ingreso al Productor. Sin embargo, debido a la forma en que se negocian y almacenan los combustibles, las estaciones sostienen que bajar el precio de inmediato puede generar confusión entre los consumidores y riesgos financieros para sus operaciones.
El Gobierno ordenó que desde el 1 de febrero de 2026 todas las estaciones deben actualizar sus precios en surtidores, tableros visibles y sistemas digitales para reflejar la reducción, y la Superintendencia de Industria y Comercio puede investigar casos de incumplimiento. No obstante, para los distribuidores minoristas la coordinación institucional es clave para evitar efectos adversos, como la sostenibilidad del servicio y posibles sanciones derivadas de la implementación apresurada de la medida.
En resumen, aunque la rebaja de precios busca beneficiar a los consumidores y responder a un mejor equilibrio en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), las estaciones de servicio piden mayor tiempo y ajustes operativos para que la reducción se aplique sin poner en riesgo la viabilidad económica del sector.
