La funcionaria cuenta cómo le pidieron pagar una suma de dinero y revela los chats. Dice ser víctima, no solo de extorsión, sino también de constreñimiento y amenaza. Señala con nombre propio al funcionario.

Angie Rodríguez prendió el ventilador contra un poderoso círculo cercano al presidente Petro. Tras su reveladora narración, interpuso una denuncia penal en la Fiscalía.
En el documento, Rodríguez le pide a la Fiscalía que investigue a un exfuncionario del Gobierno que “estaría, presuntamente, vendiendo o divulgando información reservada de mi despacho a actores políticos de la oposición”.
Por otro lado, cuenta cómo “comenzaron a llegar contactos de individuos desconocidos que afirmaban, de un lado, poseer información valiosa para mí y, de otro lado, mencionar asuntos que conocía exclusivamente por sus funciones, situación que más adelante derivó en la extorsión que aquí denuncio”.
Rodríguez señala a esta persona con nombre y apellido. Se trata, según ella, de Miguel Ángel Ospino Romero, quien se desempeñó como asesor del Fondo Adaptación.
La funcionaria, quien fue la mano derecha del presidente Petro y una de las mujeres más poderosas en la Rama Ejecutiva, detalla en la denuncia la extorsión de la que fue víctima.
Asegura que el 6 de febrero de 2026, a las 9:57 p. m., fue contactada a través de WhatsApp por un sujeto que se presentó como un simple ‘mensajero’. “Este individuo afirmó poseer un dispositivo electrónico supuestamente perteneciente a un alto funcionario del Fondo Adaptación, en el cual obrarían conversaciones de WhatsApp y documentos oficiales que vincularían a dicho servidor público como ‘topo’ de sectores políticos de oposición, haciendo mención expresa de los nombres de Carlos Carrillo y el senador Ciro Ramírez”.
La funcionaria agrega que “el sujeto señaló que el precio por el dispositivo físico era de ‘cincuenta de los grandes’ (expresión que en contexto inequívoco hace referencia a cincuenta millones de pesos colombianos). Argumentó que era urgente actuar, pues de lo contrario la información podría caer en ‘manos que no son’. Acto seguido, enviaron un video con los chats que se anexan o material como supuesta ‘muestra’ del contenido del dispositivo. Ante tal evento y producto del miedo intenso que me generó tal amenaza, sentí que mi único camino, frente a esto, era la de acceder a sus pretensiones”.
El sujeto le escribió por varios días hablándole de la inminencia de hacer el pago. Y luego, el pasado 13 de abril, le puso un nuevo mensaje: “Estás durmiendo con el enemigo”. El hombre le dejó claro que si pagaba, contaría con la información para defenderse y atacar. Ahí le bajó el precio. “Nuevamente ofreció el dispositivo, esta vez enfatizando que la suma acordada era de ‘veinte de los grandes’ (veinte millones de pesos)”.
“Bajo el estado de zozobra que esta situación me generaba y ante el temor de que el no entregar el dinero exigido ocasionara mi muerte o la de mis padres, mi hijo, mi hermana y/o el círculo familiar, personal y laboral más cercano a mí —teniendo en cuenta los hechos de hurto ocurridos en mi vivienda—, ese mismo día accedí contra mi voluntad al pago de los veinte millones de pesos”, narra la funcionaria que, además, revela el número de cuenta bancaria a la cual giró el dinero. El dispositivo prometido nunca fue entregado a cambio de la plata. Lo que sí pasó fue que ella volvió a ser amenazada, ahora con acorrarla en los medios de comunicación. En su denuncia, Angie Rodríguez narra cómo desde otra línea celular, una persona le escribió de nuevo.
“Amenazó con divulgar información comprometedora a medios de comunicación, específicamente mencionando a Revista Semana, W Radioy al político Carrillo, señalando que dicha información ‘la llevaría a la cárcel’. Si bien es cierto que existe una exposición mediática por mi oficio como servidora pública, mi temor siempre ha sido el de las represalias que se pudiesen dar contra mí, mi familia y mi círculo más cercano”, asegura ella. Y agrega: “Indicó tener un ‘plan B listo’ en caso de que yo no procediera a pagar. Entendiéndose como si esto se tratara de un posible atentado contra la integridad física de todos nosotros, las víctimas. Ante mi manifestación de miedo y la referencia a amenazas de muerte previamente recibidas en contra de mi hijo, mis padres y el resto de las personas allegadas a mí, el sujeto desestimó dichas amenazas afirmando e insistió en que ‘lo material se recupera’ para presionarme a pagar. Me solicitó que acudiera a ‘recursos del Fondo’ para obtener el dinero, a lo cual respondí que ‘los recursos públicos son sagrados’, y que me presionara a obtener dinero de fuentes privadas o amigos. Fijó un plazo perentorio: debía pagar antes del cierre bancario del mismo 15 de abril de 2026, bajo la amenaza expresa de ‘actuar’ de no recibir el dinero”. La funcionaria decidió que ese segundo pago no debía hacerlo. Este martes 21 de abril, Rodríguez recibió un nuevo mensaje “exigiendo nuevamente el pago del dinero restante, a lo cual yo no accedí; además de esto, repite su intención de desprestigiarme ante la opinión pública, específicamente, a la W Radio. Desde mi juicio, este actuar se convierte en una conducta de tracto sucesivo, la cual a la fecha continúa”.




