Pasadas casi tres semanas de las elecciones legislativas, el escrutinio aún no ha concluido y persisten disputas, reclamaciones y curules por definir en varias regiones y circunscripciones.
Ese es el panorama 21 días después de realizados los comicios para definir el nuevo Congreso de la República, cuyos integrantes electos y reelegidos, asumirán el próximo 20 de julio, puesto que las autoridades electorales confirmaron que aún avanzan en la oficialización de los resultados.
Esto se debe ante la controversia de candidatos y partidos, quienes –en algunos casos– exigen un reconteo y revisión precisa de los resultados preliminares ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Por ejemplo, solo en Cundinamarca hay 700 reclamaciones frente al conteo de votos.
En este departamento, al igual que en Chocó, no se han podido declarar la totalidad de las curules previstas para la Cámara de Representantes, con todo y que ya se han oficializado en las 30 regiones restantes. Además, se verifica la situación de Bogotá, donde están en juego 18 escaños.
Además, no se ha declarado la curul de los colombianos en el exterior, que inicialmente fue reclamada por el Centro Democrático. Si bien se avanza en la revisión, hay demoras por líos en la llegada de los documentos electorales de los 114 países en donde hubo elecciones. Incluso, aún están por definirse las curules afro e indígenas, teniendo en cuenta que el escrutinio se desarrolla a nivel nacional y no en una zona delimitada.
Por último, los delegados del CNE culminaron el escrutinio general en las 16 curules de paz o Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP). Por ello, se declaró la elección en la totalidad de estos territorios.
“Con este resultado, se consolida la representación política de las víctimas del conflicto armado en la Cámara de Representantes para el periodo 2026–2030, materializando uno de los pilares fundamentales de participación contemplados en el proceso democrático”, destacó la autoridad electoral.
Sin embargo, desde ya una de esas curules arrancará vacía: la de la actual representante Karen Manrique, quien permanece privada de su libertad por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, señalada de una presunta participación en hechos de corrupción vinculados con contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd.
