Luego de múltiples discusiones formales donde por lógica no se excluyeron las presiones para impedir la ratificación del Acuerdo de Escazú, este fue aprobado en el Senado de la República el 26 de julio en segundo debate y, siguió su trámite en la Cámara de Representes para lograr su ratificación.
Es de recordar que en 2018 el acuerdo se firmó por 24 países de América Latina y el Caribe en Escazú, Costa Rica; incluyendo a Colombia que en ese año por las condiciones internas del medio ambiente demostró su interés; sin embargo, al parecer esa firma solo respondió a un acto protocolario; porque ya en la casa su interés tendió a disminuir dejando pasar el tiempo, para su aprobación y solamente en su postrimería el gobierno Duque y frente a la nueva coyuntura política permitió su avance hacia la ratificación presentándolo al Senado.
Es preciso mencionar que el Acuerdo de Escazú es una herramienta útil para el país y las regiones en perspectiva de cimentar las bases para avanzar en la implementación de un gobierno central mucho más cercano a los territorios, que brinde confianza a la comunidad, garantías para la participación efectiva en las problemáticas de los temas ambientales y avanzar en las consultas populares relacionadas con la explotación de los recursos naturales que ponen en peligro la vida humana y de otras especies.
Este acuerdo, avala el derecho a la información ambiental, la justicia y los diálogos; de igual manera amplía la gobernanza desde abajo y resalta como prioridad la defensa de los líderes y lideresas ambientales, lo cual en Colombia se convirtió en una calamidad social; en 2020 fueron asesinados 212 defensores del ambiente y para Atlas de Justicia Ambiental es el país más débil con la protección de los lideres ambientales, situación que no ha cambiado puesto que para el año 2021 según la Organización internacional Global Witness las víctimas fueron 168 y para Indepaz desde 2016 los asesinatos llegan a 1306 líderes y lideresas integrantes de diferentes comunidades.
También con Escazú se brindan aportes orientados a reivindicar la rendición de cuentas y la transparencia, como una condición necesaria para una gobernanza coherente con la democracia que facilitaría al gobierno-sociedad prevenir los riesgos y encontrar respuestas para las comunidades que exponen su vida en sus territorios por las actividades económicas adversas al medio ambiente sano.
Vale mencionar que desde América Latina nació el Acuerdo con alcance universal con el imperativo necesaria para defender la vida siempre y cuando los gobiernos actúen en armonía con las comunidades. Por ello, el propósito explícito es garantizar el medio ambiente sano para las presentes y futuras generaciones dando los pasos hacia el desarrollo humano y sostenible.
Finalmente, es preciso señalar que es probable que en la Cámara pueden repetir las posiciones para detener su trámite; pero al ser el objetivo del Acuerdo acorde con los planteamientos del presidente Petro sobre la protección del medio ambiente y la vida se espera su ratificación.
Por: Germán Caicedo Mora