Una polémica está envolviendo a la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés y a
varios alcaldes de diferentes municipios de la región, pues, según denuncias
ciudadanas a la Universidad de Los Llanos, le estarían haciendo falta cerca de
157 mil millones de pesos que deberían ser entregados por los mencionados
gobernantes.
El caso
Estas personas no estarían destinando los dineros necesarios para la única
universidad pública de Villavicencio, al parecer, la gobernación adeuda 61 mil
millones de pesos, la alcaldía de la capital del Meta, un monto de casi 2300
millones, Castilla La Nueva 11 mil millones, Cabuyaro 3300 millones, Acacías un
valor de 16 mil millones, el gobierno municipal de Guamal más de dos mil millones
y finalmente, la cifra más preocupante es la de Puerto Gaitán, municipio que
habría dejado de entregar casi 60 mil millones de pesos.
Estos dineros corresponden a la financiación de la educación superior, un deber
constitucional de las gobernaciones y alcaldías municipales, con las instituciones
que presten estos servicios a sus ciudadanos. Sin embargo, en la Unillanos, no
pareciera estar ocurriendo esto, por el contrario, se encuentra sin financiación, con
crisis financiera y una presunta corrupción al interior que empeoraría la situación.
Denunciantes
Los denunciantes, aseguran que el rector de la institución, el señor Charles Arosa
no ha cumplido con su deber de gestionar los recursos para la universidad, sino
por el contrario, es muy cercano a quienes están debiéndole plata a la universidad
y por supuesto, genera desconfianza dentro de los afectados, pues esas mismas
personas fueron quien lo presuntamente lo ayudaron a posesionarse en el cargo.
Charles Arosa también está señalado de viajar constantemente a otras ciudades y
países como Cuba, donde estaría gastando dinero institucional y no atendiendo
prioridades como las señaladas en esta publicación. Recordemos que, estas
regalías históricamente han sido desviadas, a tal punto que hoy en día hay
municipios con deudas de casi 60 mil millones de pesos.
A estas acciones, se suma una denuncia que radica en la Fiscalía por parte de
´Vedullanos´, donde se señala un sobre costo por los elementos e infraestructura
de la biblioteca de la universidad. Los estudiantes, quienes lograron incluir el
parágrafo primero del artículo 40 de la ley 2056 de 2020, el cual obliga a dar
mínimo el 5% de las regalías del departamento debería ser dirigida a la educación
pública.
