Denuncian a exalcalde y varios exfuncionarios por obras inexistentes.
Redacción Extra
Puerto Boyacá se encuentra nuevamente en el centro de la atención pública tras la radicación de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el exalcalde Jicly Esgardo Mutis Isaza y varios exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La denuncia está relacionada con presuntas irregularidades en un contrato millonario destinado a mitigar la erosión e inundaciones del río Magdalena, específicamente en el corregimiento de Puerto Serviez. El contrato, identificado como No. 9677-PPAL001-1220-2023, tenía un valor cercano a 79 mil millones de pesos y su objetivo era ejecutar obras de protección en un tramo crítico históricamente afectado por la erosión y las inundaciones. Sin embargo, pese a que se giró al menos el 20 % de los recursos, las obras no se habrían materializado, dejando a la comunidad expuesta a los riesgos naturales que el proyecto buscaba mitigar.
Según la denuncia, los hechos podrían constituir presuntos delitos como direccionamiento de contratos, interés indebido, celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación. Entre las irregularidades señaladas se incluyen presunta falsificación de firmas, incumplimiento de pólizas, sobrecostos, presiones para adjudicar el contrato y la supuesta falsa declaratoria de calamidad pública. Estas anomalías reflejan, según los denunciantes, un posible detrimento patrimonial y un manejo inadecuado de los recursos públicos destinados a proteger vidas y bienes de la población local. La comunidad de Puerto Serviez ha expresado su preocupación e indignación, denunciando que, mientras los recursos se habrían perdido en presuntas irregularidades, ellos siguen enfrentando cada temporada de lluvias con el riesgo de inundaciones y la erosión progresiva del río Magdalena. Los habitantes consideran que la situación evidencia la vulnerabilidad de la zona y la necesidad de una gestión más responsable y transparente de los recursos públicos. Con la presentación de la denuncia, se espera que la Fiscalía General de la Nación avance con rapidez en las investigaciones, verifique la veracidad de los hechos denunciados y determine responsabilidades legales. Este caso podría convertirse en uno de los mayores escándalos de presunta corrupción en obras de mitigación de riesgo en la región, y su resolución será clave para restaurar la confianza de la ciudadanía en la administración pública local.
Mientras tanto, las autoridades locales y nacionales deberán garantizar la protección de la comunidad y asegurar que futuros proyectos de mitigación se ejecuten de manera efectiva, transparente y bajo estricto control administrativo y financiero.
