Una fuerte denuncia sacude a una asociación vinculada a programas de atención a la primera infancia, luego de que padres de familia solicitaran la intervención urgente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ante presuntas irregularidades administrativas y conflictos internos que, según aseguran, vienen afectando el funcionamiento del servicio para niños y niñas.
La situación se registra en el municipio de Maripí, donde usuarios del programa aseguran que desde hace varios meses se presentan tensiones dentro de la asociación encargada de su operación. De acuerdo con los denunciantes, las inconformidades han sido expuestas en diferentes reuniones con padres de familia y madres comunitarias, pero hasta ahora no se habrían tomado decisiones concretas para resolver los problemas.
Uno de los aspectos que más preocupa a la comunidad es la falta de claridad en la conformación de la junta directiva. Según los testimonios, cargos clave como tesorera, fiscal y secretaria llevan más de seis meses sin ser ocupados, lo que ha generado dudas sobre el manejo administrativo y la transparencia de algunas decisiones internas.
Padres de familia también aseguran que en varias ocasiones han solicitado copia de las actas de reuniones para revisarlas y firmarlas, pero estos documentos no han sido entregados. Esta situación ha incrementado la desconfianza entre los usuarios del programa, quienes consideran que las decisiones no se están comunicando con la debida transparencia.
Otra denuncia que genera preocupación es la relacionada con el ambiente laboral de algunas madres comunitarias. Varias de ellas habrían manifestado sentirse presionadas o acosadas dentro del proceso organizativo, situación que incluso habría derivado en afectaciones emocionales que requirieron acompañamiento psicológico. Según versiones de la comunidad, algunas trabajadoras temen hablar públicamente por miedo a perder su empleo.
Además, los denunciantes señalan que algunas verificaciones o investigaciones sobre las quejas habrían sido adelantadas por la misma persona que actualmente es cuestionada por los padres, lo que genera dudas sobre la imparcialidad del proceso.
A esto se suma otra inquietud planteada por la comunidad: la falta de respuesta frente a la solicitud de apertura de un hogar comunitario en la vereda Zulia, donde existen familias con mujeres embarazadas y niños pequeños que requieren atención.
Ante este panorama, los padres de familia pidieron a las autoridades y a los entes de control realizar una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido y garantizar que los derechos de los menores, así como las condiciones laborales de las madres comunitarias, sean plenamente respetados. Mientras tanto, la comunidad insiste en que la prioridad debe ser el bienestar de los niños que dependen del programa.
