Este sábado 24 de enero de 2026, Colombia y Ecuador enfrentan la escalada más grave de su historia comercial moderna, una crisis bilateral que surgió de manera sorpresiva y que amenaza con afectar profundamente las economías de ambos países y el bienestar de millones de ciudadanos en las zonas fronterizas y más allá. Lo que comenzó como un anuncio unilateral del presidente ecuatoriano Daniel Noboa desde Davos (Suiza) se ha convertido en una «guerra comercial» de proporciones alarmantes que expertos califican como absurda e innecesaria.
Ecuador anunció por sorpresa aranceles del 30% a Colombia. Petro ha respondido suspendiendo las ventas de electricidad y Noboa ha subido la tarifa de transporte del petróleo colombiano. Esta escalada vertiginosa de medidas y contramedidas económicas ocurrió en menos de 48 horas, generando estupor en círculos diplomáticos, empresariales y académicos que no comprenden cómo dos países hermanos con profundos vínculos históricos, culturales y económicos llegaron a este punto de confrontación.
El conflicto inició cuando el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció el miércoles que aplicará desde el 1 de febrero «una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia», alegando falta de cooperación del gobierno colombiano en el control de la frontera y la lucha contra el narcotráfico. Esta decisión causó sorpresa total en Colombia no solo por lo repentino sino porque es la primera vez que se usa un argumento distinto al comercial, en este caso la seguridad fronteriza y el narcotráfico, para imponer tarifas aduaneras, una medida que comenzó hace un año el presidente estadounidense, Donald Trump.
La respuesta colombiana no se hizo esperar. El gobierno del presidente Gustavo Petro, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, anunció inmediatamente la aplicación de aranceles recíprocos del 30% a 20 productos ecuatorianos, aunque sin especificar públicamente cuáles serían. El Gobierno colombiano no indicó cuáles serán los productos afectados, pero señaló que sus importaciones desde Ecuador suman aproximadamente $250 millones de dólares anuales, e indicó que esta medida puede extenderse posteriormente a un grupo más amplio de productos si la situación no se resuelve diplomáticamente.
La ministra colombiana de Comercio, Diana Marcela Morales, justificó la respuesta señalando: «La relación comercial entre Colombia y Ecuador se ha construido sobre la base de reglas comunes y cooperación mutua. Cuando ese marco se modifica de manera unilateral y se afectan las condiciones previamente vigentes del comercio, el Estado colombiano tiene la obligación de actuar para corregir la alteración y proteger su aparato productivo, garantizando el equilibrio del intercambio».
Pero la crisis no se limitó a los aranceles comerciales. El Ministerio de Minas y Energía de Colombia, liderado por Edwin Palma, anunció una medida aún más contundente: la suspensión de la interconexión eléctrica con Ecuador a partir de las 18:00 hora local (23:00 GMT) del jueves 22 de enero. Esta decisión tiene implicaciones gravísimas para Ecuador, país que ha dependido críticamente del suministro eléctrico colombiano durante los últimos años para enfrentar crisis energéticas derivadas de sequías que redujeron drásticamente la generación hidroeléctrica.
La electricidad vendida por Colombia fue fundamental para enfrentar la crisis energética que vivió Ecuador en los últimos años, con apagones de hasta 14 horas diarias. En 2025, aun atravesando una fuerte sequía, Colombia fue solidaria con Ecuador y garantizó energía cuando su población enfrentaba apagones de hasta 14 horas. El ministro Palma calificó las medidas ecuatorianas como una «agresión económica» y declaró: «Ante las decisiones arbitrarias y unilaterales, debemos actuar con firmeza para defender la dignidad y la soberanía de nuestro país».
Ecuador respondió asegurando que su sistema eléctrico está en capacidad de «cubrir de manera autónoma la demanda diaria de energía», aunque esta afirmación es recibida con escepticismo por expertos que conocen las vulnerabilidades del sistema energético ecuatoriano. Adicionalmente, el Gobierno ecuatoriano anunció que se modificará la tarifa de transporte del petróleo colombiano extraído en los campos del sur y que pasa por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) para salir hacia el Pacífico, escalando aún más el conflicto.
El intercambio comercial entre Colombia y Ecuador ronda los 2.700 millones de dólares (unos 2.300 millones de euros), con un superávit para Colombia de 920,7 millones de dólares (783 millones de euros). Los sectores más afectados incluyen medicamentos, productos agroindustriales, vehículos, cosméticos, plásticos y alimentos procesados que se comercializan intensamente en ambas direcciones.
Los gremios empresariales de ambos países han expresado alarma y frustración. La exministra de Comercio y presidenta de Amcham Colombia, María Claudia Lacouture, lamentó que, como siempre, quienes terminan pagando son los ciudadanos cuando lo sensato sería «Mantener la cabeza fría». El presidente de Analdex coincidió señalando: «Por esa vía nos vamos a hacer daño los dos países y los perjudicados van a ser los consumidores, tanto ecuatorianos como colombianos».
Los comerciantes de la zona fronteriza, particularmente en Tulcán (Ecuador) e Ipiales (Colombia), alertan que estos aranceles beneficiarán principalmente el contrabando, disminuirán el flujo comercial legal, entorpecerán los trámites aduaneros y encarecerán productos básicos para los consumidores de ambos países. El llamado urgente de todos los sectores productivos es que los gobiernos de Petro y Noboa se sienten a dialogar y resuelvan sus diferencias sin sacrificar décadas de integración comercial y cooperación regional.
