Las relaciones entre Colombia y Ecuador atraviesan su punto más crítico en casi veinte años. No se vivía un clima de tanta fricción desde la Operación Fénix en 2008, cuando fuerzas colombianas abatieron en territorio ecuatoriano a Raúl Reyes, comandante de las FARC.
Lo que comenzó como una disputa comercial y señalamientos sobre la lucha contra el narcotráfico ha derivado ahora en un conflicto de seguridad nacional.
El presidente Gustavo Petro aseguró que un artefacto explosivo encontrado en Colombia pertenece al Ejército ecuatoriano. “Se ha comprobado que la bomba hallada en territorio colombiano es del ejército ecuatoriano. La investigación continúa y se emitirá una nota diplomática de protesta”, afirmó el mandatario a través de X.
El mensaje fue acompañado por una publicación de Caracol Radio que ubicaba la supuesta bomba en la comunidad de El Diviso, departamento del Putumayo.
Desde Quito, el presidente Daniel Noboa rechazó de inmediato estas acusaciones y las calificó como “infundadas”. Aunque su gobierno reconoció haber ejecutado bombardeos estratégicos contra los llamados Comandos de la Frontera, una disidencia de las FARC, insistió en que todas las operaciones ocurrieron dentro del territorio ecuatoriano.
El ministro de Defensa de Colombia, el general (r) Pedro Sánchez, afirmó que se envió personal experto para analizar el explosivo, el cual sería de fabricación militar extranjera. Informó además que el dispositivo fue detonado de manera controlada y que ya no representa riesgo para la población.
Según Sánchez, la investigación se adelanta en coordinación con autoridades de Ecuador para establecer el origen y la ruta del artefacto.
Mientras aumenta la confrontación diplomática, el impacto económico también se profundiza. Desde febrero, el gobierno de Noboa impuso una “tasa de seguridad” del 30% a los productos colombianos, medida que subió al 50% el 1 de marzo. Colombia respondió con restricciones equivalentes, generando un frenazo en el comercio bilateral, que supera los 1.800 millones de dólares al año. Sectores como cosméticos, confitería y autopartes están prácticamente detenidos.
Al fondo del conflicto pesan las diferencias entre las estrategias antidrogas de ambos gobiernos. Noboa defiende una política de mano dura y cooperación militar con Estados Unidos, mientras Petro insiste en que esa vía ha fracasado y promueve la erradicación concertada con las comunidades, así como la persecución a las estructuras financieras del narcotráfico.
Noboa respondió a Petro asegurando que su administración combate al “narcoterrorismo en todas sus formas” y que los bombardeos recientes se han ejecutado exclusivamente sobre su propio territorio. Añadió que grupos irregulares colombianos habrían ingresado a Ecuador por fallas de control en la frontera por parte de Colombia.
La Comunidad Andina de Naciones (CAN) y otros organismos internacionales expresaron preocupación por el deterioro de las relaciones y exhortaron a ambos países a resolver sus diferencias mediante el diálogo y la diplomacia.
