El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto del Gobierno que fijaba para 2026 un aumento del 23,7 % al salario mínimo, lo que desató un fuerte rechazo desde el Ejecutivo y sectores progresistas. La decisión ordena expedir en un plazo de ocho días un nuevo decreto con un incremento transitorio mientras se resuelve de fondo el proceso judicial.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, calificó la medida como un golpe a la dignidad de los trabajadores y advirtió que podrían convocarse movilizaciones sociales, incluso una huelga general. El senador y candidato presidencial Iván Cepeda tildó la decisión de “arbitraria y regresiva” y anticipó protestas en las calles.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló un supuesto trasfondo político en la suspensión, mientras que el precandidato Roy Barreras la calificó de “insensible”. Por su parte, Carolina Corcho consideró que se trata de un “exabrupto jurídico” y respaldó la convocatoria a movilización y paro nacional para revertir la decisión.
En síntesis, la suspensión del aumento salarial abrió un nuevo pulso entre el Gobierno y las altas cortes, con posibles jornadas de protesta en defensa de los derechos laborales.
