La historia gira en torno a Luis Sánchez, un padre nicaragüense que permaneció durante casi tres meses detenido junto a sus cuatro hijos en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, en el sur de Texas, Estados Unidos. Durante su estancia, la familia enfrentó dificultades que, según Sánchez, afectaron especialmente a sus hijos menores. La situación llevó al padre a aceptar la ayuda económica de una organización dirigida por una mujer llamada Casey Revkin, quien comenzó a enviar dinero a familias con niños detenidos para que pudieran comprar productos dentro del centro.
Sánchez llevaba más de tres semanas en Dilley cuando empezó a preocuparse seriamente por el estado emocional de sus hijos. Su hija mayor, que padece ansiedad, había desarrollado el hábito de morderse las uñas hasta casi acabarlas. Las niñas menores también comenzaron a mostrar signos de desesperación. Según el relato del padre, en algún momento llegaron a decirle que querían morir y que él debía firmar cualquier documento necesario para conseguir su salida del centro porque ya no soportaban permanecer allí.
En medio de esa situación, otro detenido le habló de una mujer que estaba ayudando económicamente a algunas familias dentro del centro. Al principio, Sánchez sintió desconfianza y no estaba seguro de aceptar la ayuda. Sin embargo, una abogada que visitaba regularmente las instalaciones le confirmó que la iniciativa era real y le explicó que únicamente debía enviar un correo electrónico con sus datos y solicitar asistencia.
Desde una computadora ubicada en la biblioteca del centro de detención, Sánchez escribió un mensaje explicando que era padre de cuatro hijos y que necesitaba ayuda para comprar artículos básicos como agua, cepillos de dientes, pasta dental y algunos alimentos para los niños.
Pocos días después recibió US$200 en su cuenta dentro del centro de detención. Para la familia, ese dinero representó un alivio importante. Lo primero que compraron fue agua y posteriormente algunos alimentos y productos que los niños querían, como palomitas, golosinas y bebidas. Sánchez explicó que esos pequeños elementos ayudaron a que sus hijos se sintieran mejor durante el tiempo que permanecieron encerrados.
La persona detrás de esta ayuda es Casey Revkin, una mujer de California que dirige la organización Each Step Home. Su iniciativa comenzó a adquirir mayor importancia debido al aumento de familias migrantes detenidas en Dilley.
Revkin explica que su motivación principal es ponerse en el lugar de los padres que se encuentran detenidos y sienten que no pueden proteger a sus hijos ni proporcionarles productos básicos. Para ella, enviar dinero directamente a las familias representa una manera concreta de ayudar a los menores mientras permanecen en el centro.
Su trabajo con familias migrantes no comenzó recientemente. Revkin empezó a involucrarse en este tipo de asistencia durante el primer gobierno de Donald Trump, en 2018, cuando se conocieron numerosos casos de niños separados de sus padres después de que las familias cruzaran la frontera de Estados Unidos.
En aquella época, Revkin ayudaba a las familias con trámites destinados a facilitar la reunificación. Colaboraba con la preparación de documentos, impresión y organización de papeles y buscaba voluntarios que pudieran acompañar a las personas encargadas de recibir a los menores durante diferentes procedimientos oficiales.
A partir de esas actividades creó la organización Each Step Home, que posteriormente amplió su trabajo debido a los cambios en las políticas migratorias estadounidenses.
Con el regreso de Trump a la presidencia y su promesa de realizar una deportación masiva de inmigrantes, Revkin comenzó a buscar nuevas formas de apoyar a las familias afectadas. Un caso que influyó especialmente en ella fue el de Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años que fue detenido junto a su padre en Minnesota durante una operación migratoria.
El niño fue arrestado cuando regresaba de la guardería y posteriormente ingresó junto con su padre al centro de Dilley, la misma instalación en la que posteriormente estuvieron Sánchez y sus hijos.
Dilley tiene una característica particular: es presentado en el texto como el único centro de detención de Estados Unidos destinado específicamente a albergar familias con menores. La instalación había sido cerrada durante la administración del presidente Joe Biden, pero volvió a funcionar como parte de la estrategia migratoria implementada durante el gobierno de Trump.
Desde su reapertura, diferentes organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes y algunos congresistas han expresado preocupación por las condiciones que enfrentan las familias detenidas allí.
Uno de los informes mencionados en el artículo fue elaborado por organizaciones como Human Rights First y Raíces. Según esas organizaciones, las condiciones de detención, el trato recibido por algunas familias y determinados problemas relacionados con el debido proceso serían generalizados. La empresa encargada de administrar el centro, CoreCivic, y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos rechazaron esas acusaciones.
Antes de comenzar a enviar dinero, Revkin ya había escuchado testimonios de familias que habían pasado por Dilley. Entre las quejas que conocía estaban las relacionadas con la calidad de algunos productos disponibles dentro del centro, especialmente alimentos y agua.
Las familias podían complementar lo que recibían en las instalaciones mediante compras realizadas dentro del propio centro. Para hacerlo, utilizaban cuentas individuales asociadas al sistema de detención, en las que podían depositarse fondos.
Revkin descubrió que podía utilizar ese mecanismo para ayudar directamente a los detenidos. Comenzó entonces a consultar con abogados de inmigración, activistas y congresistas para conocer la manera correcta de depositar dinero en las cuentas de las familias.
Su primera transferencia fue de US$50 para una familia que tenía un bebé de apenas dos meses con una infección respiratoria. A partir de ahí, la iniciativa comenzó a crecer.
Actualmente, según Revkin, destina alrededor de US$10.000 por semana para ayudar a las familias detenidas. La cifra puede variar, pero asegura que sus fondos han permitido cubrir las necesidades de aproximadamente el 80 % de las personas detenidas en Dilley.
El dinero proviene principalmente de donaciones. Revkin explicó que una campaña de recaudación realizada durante el Día de la Madre tuvo buenos resultados y permitió mantener el programa de asistencia durante un periodo considerable.
Los fondos pueden utilizarse para adquirir una amplia variedad de productos. Entre ellos se encuentran agua embotellada, cereales, sopas instantáneas, champú, acondicionador, artículos de higiene, golosinas y materiales escolares como cuadernos y pinturas.
La ayuda ha sido valorada por abogados que trabajan con familias migrantes. Kristin Etter, una abogada que presta servicios legales de manera voluntaria en Dilley y otros centros, describió a Revkin como una especie de “hada madrina” para las personas detenidas. Según su testimonio, muchas familias dependen de este tipo de asistencia para afrontar su estancia en el centro.
Etter también cuestiona que sea necesario recurrir a donaciones privadas para cubrir determinadas necesidades de los menores detenidos. Su argumento es que el gobierno estadounidense destina una cantidad considerable de dinero al sistema de detención de familias y, aun así, ciudadanos particulares terminan recaudando fondos para proporcionar artículos básicos.
Sin embargo, la empresa privada que administra el centro, CoreCivic, rechaza las acusaciones sobre las condiciones de Dilley. La compañía sostiene que lleva décadas trabajando con gobiernos tanto demócratas como republicanos y que su responsabilidad consiste en proporcionar atención segura y adecuada a las personas que están bajo su custodia.
CoreCivic también afirma que no decide quién es detenido ni cuánto tiempo permanece una persona bajo custodia. Según la empresa, el centro está sometido a diferentes mecanismos de supervisión y a controles del gobierno federal para garantizar el cumplimiento de las normas de detención.
Respecto al agua, la compañía niega que exista un problema de calidad. Afirma que el agua es potable, filtrada y procede del mismo sistema de suministro que utilizan los habitantes de las comunidades cercanas. También sostiene que tanto los empleados como las personas detenidas consumen la misma agua.
En cuanto a la alimentación, CoreCivic asegura que las familias reciben tres comidas al día, además de refrigerios. La empresa afirma que los menús son evaluados por especialistas en nutrición y sometidos a controles para verificar su calidad y frescura.
La compañía también respondió a las críticas relacionadas con los precios de los productos vendidos dentro del centro. Según CoreCivic, los precios son similares a los de tiendas de conveniencia y se realizan evaluaciones periódicas para controlar sus costos. Las ganancias de estas ventas, según la empresa, se destinan a un fondo destinado al bienestar de los residentes.
El Departamento de Seguridad Nacional también rechazó las acusaciones sobre la falta de artículos básicos. Según su versión, las personas detenidas reciben alimentos, agua potable, ropa, ropa de cama, duchas, jabón y productos de higiene personal. También tienen acceso a teléfonos para comunicarse con familiares y abogados.
El DHS sostiene que Dilley cumple con los estándares federales de detención y que el centro recibe auditorías e inspecciones periódicas. Además, el gobierno defendió su política migratoria y señaló que las personas pueden optar por abandonar voluntariamente el país bajo determinadas condiciones.
La experiencia de Sánchez, sin embargo, es diferente a la versión oficial. Para él, el dinero enviado por Revkin representó un apoyo fundamental durante el tiempo que estuvo detenido junto a sus hijos.
Después de recibir ayuda, Sánchez comenzó a contarles a otros detenidos que también podían solicitar asistencia. Según su relato, dentro del centro conoció a numerosas familias que habían llegado prácticamente sin recursos y que no tenían familiares o conocidos que pudieran ayudarlas.
Finalmente, Sánchez y sus cuatro hijos salieron de Dilley el 1 de julio, después de permanecer allí casi tres meses. Su situación migratoria no terminó con la salida del centro, ya que quedaron bajo supervisión intensiva mediante el programa ISAP, una alternativa a la detención administrada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
Antes de salir, Sánchez había logrado guardar parte del dinero que recibió de Revkin. Utilizó esos fondos para comprar los boletos necesarios para regresar a la ciudad donde la familia vivía antes de ser detenida.
Sin embargo, las consecuencias económicas de la detención fueron mucho mayores. Sánchez explica que la familia perdió prácticamente todo durante el periodo de detención y que él se quedó sin trabajo. Por esa razón, la organización de Revkin continuó ayudándolo incluso después de su salida.
La asistencia posterior incluyó alimentos durante los primeros días y posteriormente útiles escolares para sus hijos cuando regresaron a clases. Para Sánchez, ese apoyo fue especialmente importante porque la familia tuvo que comenzar nuevamente su vida después de haber perdido sus fuentes de ingresos y buena parte de sus recursos.
La historia de Sánchez y sus hijos muestra así una realidad más amplia sobre las familias migrantes detenidas en Estados Unidos. Por un lado, organizaciones y abogados denuncian problemas relacionados con las condiciones de los centros de detención y buscan proporcionar ayuda adicional a las familias. Por otro, las empresas responsables de administrar las instalaciones y las autoridades federales sostienen que los centros cumplen con los estándares establecidos y que los detenidos reciben los servicios y productos básicos necesarios.
En medio de esta discusión aparece el trabajo de Casey Revkin, quien comenzó ayudando a familias separadas durante las políticas migratorias de 2018 y posteriormente encontró una nueva manera de apoyar a los menores detenidos: depositar directamente dinero en las cuentas que utilizan las familias dentro del centro de Dilley.
Su iniciativa ha crecido mediante donaciones y actualmente representa una fuente de apoyo para numerosas familias. Para quienes reciben el dinero, las cantidades pueden parecer pequeñas frente a los costos de una situación migratoria compleja, pero permiten adquirir agua, alimentos, productos de higiene y materiales para los niños.
En definitiva, el caso refleja las dificultades que pueden enfrentar las familias migrantes durante los procesos de detención en Estados Unidos y el papel que desempeñan abogados, organizaciones y ciudadanos particulares para cubrir necesidades que, según algunos testimonios, no siempre consideran satisfechas. Al mismo tiempo, las autoridades y la empresa encargada del centro defienden las condiciones de las instalaciones y aseguran que existen controles para garantizar la atención de los detenidos. La experiencia de Luis Sánchez y sus hijos se convierte así en un ejemplo de las diferentes perspectivas que existen alrededor del sistema de detención migratoria y de la situación de los menores que permanecen bajo custodia.
