El presidente Gustavo Petro cuestionó fuertemente el proyecto de “bono escolar” impulsado por la senadora Paloma Valencia, al considerar que representa una forma de privatización de la educación pública en Colombia.
La propuesta de la congresista consiste en entregar vouchers o cheques a las familias —especialmente en condición de vulnerabilidad— para que puedan elegir en qué institución educativa, pública o privada, estudiarían sus hijos. En este modelo, el Estado dejaría de financiar directamente a los colegios y transferiría los recursos a los padres, quienes decidirían dónde matricular a los estudiantes.
Sin embargo, este enfoque ha generado críticas desde sectores del Gobierno y el Congreso. Se advierte que podría aumentar la desigualdad, ya que los colegios tendrían la facultad de seleccionar a sus estudiantes, lo que podría generar exclusión y segregación educativa. Además, se cuestiona que este sistema no garantiza una mejora en la calidad de la educación y podría debilitar la educación pública.
En medio del debate, la bancada del Pacto Histórico se retiró del recinto del Senado, lo que impidió avanzar en la votación del proyecto por falta de quórum. Voces como la de la senadora María José Pizarro y la representante María Fernanda Carrascal rechazaron la iniciativa, argumentando que convierte la educación en un negocio y no en un derecho, además de basarse en teorías económicas que, según ellas, no han demostrado resultados positivos sostenidos a nivel internacional.
Por su parte, el presidente Petro afirmó que este modelo equivale a privatizar la educación pública, y defendió la estrategia de su gobierno enfocada en fortalecer el sistema público. Destacó que, gracias a la inversión en universidades públicas, se han creado 400.000 nuevos cupos para estudiantes de primer año, lo que, según él, ha permitido ampliar el acceso a la educación superior de manera más equitativa que si esos recursos se hubieran destinado a subsidios para instituciones privadas.
El mandatario también resaltó varios logros de su gobierno en materia educativa. Entre ellos, la inclusión por primera vez de grados de prejardín y jardín en colegios públicos, con la vinculación de más de 5.400 docentes para atender a más de 128.000 niños. Asimismo, mencionó la reforma de la Ley 30, que destinó 4,22 billones de pesos adicionales a universidades públicas, y una inversión de 6,9 billones para proyectos de infraestructura en educación superior en 27 departamentos.
En el ámbito tecnológico, el Gobierno ha invertido cerca de 931.000 millones de pesos en inteligencia artificial y ha capacitado a más de 983.000 personas en habilidades digitales. También se crearon facultades especializadas en inteligencia artificial en ciudades como Manizales, Bucaramanga, Zipaquirá y Bogotá (Usme), junto con una inversión de 3,3 billones en conectividad que permitió aumentar significativamente el acceso a internet en el país.
Finalmente, se destacaron programas culturales y educativos como “Artes para la Paz”, que ha beneficiado a más de 700.000 jóvenes en miles de instituciones educativas, así como iniciativas de recuperación del patrimonio, incluyendo la repatriación de bienes arqueológicos y el avance en la investigación del Galeón San José.
En conclusión, el debate refleja dos visiones opuestas sobre el modelo educativo en Colombia: una que promueve la libre elección mediante subsidios directos a las familias, y otra que prioriza el fortalecimiento de la educación pública como eje central para garantizar el acceso y la equidad.
