La justicia colombiana ha colocado nuevamente bajo el foco al exgobernador del Chocó y actual representante a la Cámara, Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera, en medio de un complejo entramado de investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación pública y el manejo de recursos oficiales.
Durante una audiencia de indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia, Palacios Mosquera respondió en más de 40 ocasiones con la frase “no me acuerdo” cuando se le interrogó sobre detalles de los procesos bajo investigación, lo que periodistas y analistas han entendido como una postura de evasión que complica aún más su situación judicial.
Acusaciones principales
La Sala de Instrucción del alto tribunal ha emitido múltiples decisiones judiciales contra Palacios, entre ellas:
- Contrato de remodelación de la plaza de mercado de Itsmina (2017): La investigación señala que en su calidad de gobernador (2016–2019), Palacios habría adjudicado y manejado un contrato sin estudios técnicos básicos (arquitectura, suelos, ambientales) y con múltiples adiciones presupuestales injustificadas que extendieron la obra de cuatro a más de 600 días, con un posible detrimento patrimonial calculado en más de 1.000 millones de pesos.
- Contratos de prestación de servicios de salud y obras públicas: Recientemente la Corte abrió otra investigación formal relacionada con la adjudicación de un contrato para la atención de poblaciones vulnerables en el Chocó a una fundación sin experiencia técnica comprobada, lo que genera inquietudes sobre la legalidad del proceso.
Estas actuaciones han sido calificadas por el alto tribunal como presuntas violaciones a los principios de planeación, transparencia y economía, e incluyen delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.
Sanciones y controversias adicionales
Los problemas de Palacios con los órganos de control no se limitan al ámbito penal. En 2024, la Contraloría General de la República lo sancionó e inhabilitó para ejercer cargos públicos y contratar con el Estado hasta 2028 por más de 18.000 millones de pesos relacionados con irregularidades en contratos para llevar gas natural a varios municipios del Chocó. A pesar de ello, el congresista continúa en su curul en la Cámara de Representantes, lo que ha generado críticas de sectores del país que señalan una brecha entre sanciones administrativas y su efectividad real.
Además, Palacios acumula más de 20 investigaciones disciplinarias y penales a lo largo de su carrera política, incluyendo procesos por presunto constreñimiento a contratistas y otros actos irregulares cuando fue alcalde de Istmina y gobernador del Chocó.
Reacciones y consecuencias políticas
La figura de Palacios Mosquera ha generado un fuerte debate en el escenario político colombiano. Sus críticos argumentan que mantener en el cargo a un congresista con múltiples sanciones y procesos en curso mina la confianza ciudadana en las instituciones y debilita la lucha contra la corrupción. Por otra parte, sus defensores suelen señalar que, hasta el momento, no existe una sentencia firme de culpabilidad, por lo cual el político tiene derecho a la presunción de inocencia y a continuar en funciones. Las próximas semanas serán determinantes cuando el caso avance a juicio oral y se conozcan más testimonios y pruebas aportadas por la Fiscalía y la Corte.