En medio de una grave emergencia por inundaciones que afecta al norte y el Caribe colombiano, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este sábado que se investigue la posible responsabilidad de las principales empresas hidroeléctricas del país por la gestión del agua en represas que hoy están bajo observación debido a su rol durante las crecientes de ríos y los desbordamientos que han producido pérdidas humanas y daños materiales significativos.
Emergencia climática en el Caribe
Durante los últimos días, un frente frío y fuertes lluvias han generado una de las peores crecientes de ríos en años en varios departamentos, especialmente en Córdoba, Sucre, Chocó y Bolívar, dejando miles de familias afectadas, zonas agrícolas bajo el agua, daños en infraestructura vial y un número lamentable de fallecidos y desplazados. Las autoridades han reportado áreas inundadas, evacuaciones en masa y la declaración de alertas en municipios ribereños.
El fenómeno climático ha sido atribuido por el Gobierno a condiciones meteorológicas extremas, vinculadas a la crisis climática, que ha intensificado las precipitaciones estivales. Ante la magnitud del desastre, Petro ha anunciado su intención de declarar nuevamente una emergencia económica, social y ambiental, una figura legal que permite movilizar recursos desde el Estado central para atender la crisis y apoyar a las comunidades damnificadas.
Señalamientos contra hidroeléctricas y manejo de represas
Aunque las lluvias han sido extremas, el presidente Petro lanzó un fuerte señalamiento contra firmas generadoras de energía hidroeléctrica, acusándolas de haber mantenido los embalses llenos por encima de los niveles permitidos, lo que habría limitado la capacidad de regulación de caudales y obligó a descargas masivas de agua que contribuyeron a las inundaciones aguas abajo.
Petro se refirió específicamente a la Central Hidroeléctrica Urrá, ubicada sobre el río Sinú en el departamento de Córdoba, y a Hidroituango, el megaproyecto sobre el río Cauca que en años recientes ha estado envuelto en múltiples controversias. Según el mandatario, el llenado completo de los embalses podría tener motivos comerciales y contractuales, vinculados con la venta de energía a precios basados en costos de gas, más rentables para las compañías que la gestión hidráulica tradicional.
Petro calificó el manejo de las hidroeléctricas como un “delito ambiental” y pidió a las superintendencias competentes iniciar investigaciones profundas. Incluso instó a que se evalúe si hubo faltas administrativas o negligencias en los protocolos de operación y alerta temprana, y cuestionó por qué estos temas no han sido objeto de inspección y sanción por parte de los organismos de control.
En el caso de Urrá, Petro ha exigido la renuncia del gerente de la empresa, argumentando que en los últimos dos meses el embalse estuvo por encima del nivel permitido durante una gran parte del tiempo, lo que implicaría una falta de previsión y gestión óptima.
Revisión técnica y respuesta oficial
Mientras tanto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha estado inspeccionando la represa de Urrá para verificar que se cumplan los protocolos de operación y mitigación de riesgos, especialmente las condiciones de descargas controladas para no agravar las emergencias en los municipios ribereños del río Sinú. Las autoridades defienden que están monitoreando de manera permanente embalses y ríos para reducir riesgos y proteger a las comunidades.
En paralelo, expertos en gestión de cuencas y energía señalan que las represas tienen un doble propósito: por un lado, generar energía limpia, y por otro, amortiguar crecientes y almacenar agua para tiempos de sequía. Sin embargo, su manejo operativo en situaciones de lluvias extremas es clave para evitar que se conviertan en factores que intensifiquen las inundaciones, en especial en sistemas como el río Sinú donde la topografía plana favorece la expansión de inundaciones.
Impacto social y económico
Las inundaciones han tenido graves consecuencias para la población: miles de hectáreas de cultivos —especialmente de maíz y frijol— han quedado bajo el agua, lo que amenaza la seguridad alimentaria de regiones rurales y ha obligado a agricultores a solicitar ayudas urgentes del Estado para recuperar pérdidas productivas. La afectación a la agricultura se suma a la emergencia humanitaria de miles de familias que han perdido sus hogares y medios de subsistencia.
Además, la suspensión de un decreto previo de emergencia —que estaba en manos de la Corte Constitucional— ha generado tensiones entre el Ejecutivo y el sistema judicial, pues el Gobierno sostiene que esa medida impedía una respuesta más eficaz ante la crisis actual.
Hacia una investigación formal
El llamado del presidente Petro a investigar a las hidroeléctricas apunta tanto a esclarecer responsabilidades como a reformar las políticas de gestión hídrica y energética en el país. La discusión sobre cómo equilibrar la producción de energía con la gestión de riesgos ambientales y climáticos está en el centro del debate nacional, especialmente en momentos en que fenómenos extremos parecen volverse más frecuentes e intensos.
