Entre los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro, los grupos armados ilegales en Colombia cambiaron su estructura, se fragmentaron y ampliaron su presencia en varias regiones del país. Aunque algunas organizaciones se dividieron por disputas internas y enfrentamientos territoriales, su capacidad militar, económica y de control sobre comunidades terminó creciendo en diferentes zonas.
Durante el gobierno de Duque, el país vivió un aumento de las confrontaciones entre disidencias de las antiguas FARC, el ELN y bandas criminales ligadas al narcotráfico. La falta de consolidación estatal en territorios abandonados tras el acuerdo de paz permitió que múltiples estructuras armadas ocuparan espacios estratégicos para rutas de droga, minería ilegal y extorsión.
Con la llegada de Gustavo Petro y su política de “paz total”, varios grupos iniciaron diálogos o acercamientos con el Gobierno. Sin embargo, mientras avanzaban los intentos de negociación, algunas organizaciones aprovecharon los ceses al fuego y la reducción de operaciones militares para fortalecerse territorialmente y aumentar su influencia local.
Expertos en seguridad señalan que el fenómeno no solo implicó un crecimiento en número de integrantes, sino también una expansión de economías ilegales y redes de control social en departamentos históricamente afectados por el conflicto armado. Regiones como Cauca, Nariño, Chocó, Norte de Santander y Arauca continúan siendo escenarios de disputas violentas entre estructuras ilegales.
La fragmentación de los grupos armados generó además la aparición de nuevas facciones más pequeñas y difíciles de controlar, muchas de ellas enfocadas principalmente en negocios criminales antes que en objetivos políticos o ideológicos. Esto ha complicado las estrategias de negociación y seguridad implementadas por el Estado.
Mientras el Gobierno defiende los esfuerzos de diálogo para reducir la violencia, distintos sectores advierten que la expansión de estos grupos refleja la persistencia de problemas estructurales como el narcotráfico, la ausencia institucional y la falta de oportunidades económicas en amplias zonas rurales del país.
