La persistente ola de violencia en la Costa Pacífica nariñense continúa generando en sus habitantes en un estado de pánico y zozobra. Los enfrentamientos entre grupos armados organizados y la Fuerza Pública han forzado a 23 familias a abandonar sus hogares, convirtiendo al municipio de El Charco en el epicentro de los desplazamientos forzosos en esta ocasión.
Las comunidades de las veredas Alterón y Maíz Blanco, día tras día, presencian cómo el flagelo de la guerra se intensifica, poniendo en riesgo sus vidas e integridad. Los persistentes enfrentamientos en la parte media del río Tapaje, en la subregión del Sanquianga, han generado una creciente preocupación entre las autoridades locales.
Atención
El secretario de Gobierno departamental, Benildo Estupiñan, se pronunció frente a la situación, señalando que los afectados, en su mayoría pertenecientes a la zona rural, se han visto obligados a desplazarse hasta el casco urbano del municipio de El Charco en busca de refugio. Algunas familias incluso han tenido que desplazarse de manera interveredal para escapar de la violencia.
«Estas familias están siendo atendidas. Como departamento, estamos pendientes de sus necesidades para brindarles el acompañamiento, bienestar y, sobre todo, salvaguardar sus vidas. La Defensoría del Pueblo, la Personería y nuestras dependencias están velando por sus derechos», enfatizó Estupiñan.
Tranquilidad
Hasta la fecha, más de 500 familias han sido desplazadas de los municipios de El Charco y Olaya Herrera. El Gobierno departamental está trabajando en la implementación de la estrategia del pacto territorial para la transformación de la paz y la vida, con el objetivo de asegurar la tranquilidad y seguridad de todos los habitantes del departamento de Nariño.
La situación en esta región, refleja una realidad alarmante que exige una respuesta urgente y coordinada por parte de las autoridades gubernamentales y nacionales para hacerle frente a esta problemática.
El desplazamiento forzado y la violencia armada no solo afectan la vida de las familias desplazadas, sino que también amenazan la estabilidad y el desarrollo de todo el territorio. Es necesario que se tomen medidas efectivas para garantizar la protección de los Derechos Humanos y la seguridad de todas las personas afectadas por el conflicto.