Choque de trenes Por decisión de la procuraduría
Según el mandatario, la Procuraduría no tiene la autoridad para suspender a elegidos por voto popular.
El presidente Gustavo Petro vuelve a estar envuelto en una polémica, esta vez por el documento que envió en las últimas horas a la Procuraduría General de la Nación, en respuesta a la petición del ente disciplinario para suspender temporalmente al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez.
Los hechos
Esta pelea casada se originó desde el pasado 23 de abril, cuando la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal, emitió una orden de suspensión provisional por tres meses al alcalde de la capital de La Guajira, por presuntas irregularidades en la contratación del diseño, rehabilitación, construcción y mantenimiento de la red de acueducto y alcantarillado de la ciudad.
A pesar de la orden emitida por el ente disciplinario dirigido por Margarita Cabello, desde el despacho del presidente se debía publicar un decreto en el que asignara un nuevo funcionario encargado para reemplazar a Bermúdez. Sin embargo, según el documento enviado a la Procuraduría y fechado el 25 de julio de 2023, el primer mandatario de la República confirmó que desconocerá la medida.
Sin competencia
Gustavo Petro acudió a la figura de control exofficio de convencionalidad, un procedimiento internacional que confronta la norma general que se debe aplicar en un caso y el bloque de derechos humanos que afectaría. Dentro de las conclusiones del mandatario, la Procuraduría carece de argumento y autoridad para suspender a un alcalde elegido por voto popular.
En teoría, Petro estaría usando el mismo recurso internacional con el que se salvó de la suspensión emitida por el entonces procurador Alejandro Ordóñez, en su caso por las basuras de la capital del país cuando fue alcalde. La polémica se desata, entonces, porque con el documento estaría desautorizando a la Procuraduría General de la Nación y dando vía libre a los futuros investigados por el ente, a recurrir a instancias internacionales para revocar las decisiones del órgano disciplinario.
La argumentación
El jefe de Estado alega que su despacho solo pretende no ir en contravía de las normas internacionales. “Implicando un serio riesgo de la responsabilidad internacional del Estado por un presunto acto ilícito internacional que, en el futuro, le sería reclamado a la República de Colombia”, señala el texto de 24 páginas. Así mismo informó que se hará llegar el documento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al embajador ante la OEA, para que sirvan de testigos en la decisión tomada por el Gobierno nacional.