El CNE estudiará la solicitud para revocar la inscripción de la aspirante.
Redacción Extra
La Procuraduría Regional de Instrucción del Meta trasladó al Consejo Nacional Electoral (CNE) una solicitud para que se revise la inscripción de Ximena Calderón como candidata a la Cámara de Representantes por el departamento del Meta, en el marco de una investigación penal que se adelanta en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos.
Actuación
La actuación se origina en un derecho de petición presentado por el ciudadano Manuel Eduardo Herrera, quien solicitó evaluar si existen causales legales o constitucionales que permitan revocar la inscripción de la aspirante al Congreso. De acuerdo con la Procuraduría, corresponde al CNE analizar el caso y determinar si procede o no la revocatoria, al ser la autoridad competente para tomar este tipo de decisiones en materia electoral.
A definir
En el documento remitido, el procurador Javier Eduardo Sandoval explicó que el órgano electoral deberá revisar los argumentos expuestos y definir las acciones a seguir, conforme a la normativa vigente. Este trámite se conoce mientras avanza de manera paralela una investigación de la Fiscalía General de la Nación.
Asumida
Según la información conocida, la investigación penal dejó de estar en una dependencia ordinaria y fue asumida por la Dirección Especializada contra la Corrupción, instancia que se encarga de los procesos de mayor complejidad. La Fiscalía indaga desde marzo de 2025 el origen del patrimonio de la exdiputada, el cual, según la denuncia, no coincidiría con los ingresos reportados durante más de 20 años de vida pública.
Dentro del proceso también se señala que la familia de Calderón estaría relacionada con bienes que sumarían cerca de 26 mil millones de pesos. Parte de ese patrimonio aparecería a nombre de sus padres, con propiedades avaluadas en aproximadamente 12 mil millones de pesos en el caso de la madre y 9.200 millones en el del padre, incluyendo viviendas, fincas, locales comerciales y vehículos de alta gama. Adicionalmente, la denuncia fue ampliada para incluir presuntos delitos como lavado de activos y tráfico de influencias, tanto en su condición de exservidora pública como de particular. También se investiga una posible simulación en la compraventa de bienes, una práctica que, según las autoridades, sería utilizada para ocultar la verdadera propiedad de los activos
