En un esfuerzo por garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en zonas priorizadas por su alto riesgo de reclutamiento forzado, la Gobernación de Nariño, en articulación con la Alta Consejería para los Derechos Humanos y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, lideró una jornada de formación dirigida a autoridades locales.
Las actividades se llevaron a cabo en las subregiones Sanquianga, Telembí, Pacífico Sur y el Piedemonte Costero, territorios históricamente afectados por dinámicas de conflicto armado y violencia.
En estas jornadas participaron secretarios de Gobierno, comisarios de familia, personeros municipales y enlaces de víctimas, quienes fueron capacitados en la identificación de riesgos, activación de rutas de protección y fortalecimiento de la respuesta institucional ante amenazas como el reclutamiento forzado, la utilización de menores y la violencia sexual.
Respuesta
Durante las sesiones, se reactivaron espacios interinstitucionales que permiten una mejor coordinación entre niveles de gobierno, al tiempo que se impulsó la implementación de la política pública de prevención de estas violencias. Estos espacios son clave para garantizar una respuesta oportuna y efectiva desde lo local, reforzando los mecanismos de protección en los municipios más vulnerables.
“Estas capacitaciones nos permiten actuar con mayor claridad. Nuestros niños merecen crecer en paz, con oportunidades y rodeados de un entorno que los proteja desde el hogar hasta las instituciones”, manifestó Eucaris Bermúdez, secretaria de Gobierno del municipio de Ricaurte, al término de una de las sesiones.
Reacción
Por su parte, Alex González, subsecretario de Paz y Derechos Humanos del departamento, subrayó el impacto del proceso: “Esta era una mesa que desde 2023 no se había logrado cumplir. Hoy garantizamos un escenario que fortalece los equipos de reacción inmediata en los municipios”.
La iniciativa, además de capacitar a los funcionarios, busca consolidar una red de apoyo institucional que promueva la protección de la niñez desde los territorios, a través de acciones sostenidas y coordinadas. El gobierno departamental reafirma su compromiso de avanzar hacia una respuesta estructural que prevenga nuevas vulneraciones y fortalezca el tejido social en las comunidades más afectadas.
Con este tipo de estrategias, Nariño avanza en la consolidación de una política pública que prioriza a la infancia como eje central del desarrollo y la paz en los territorios. La apuesta es clara: proteger la vida y el futuro de los niños y niñas desde cada rincón del departamento.