El Colectivo Sociojuridico Orlando Fals Borda (OFB), a través del programa Conectando Caminos por los Derechos de Usaid, realizó una investigación para construir una ruta de atención y prevención en el contexto de la desaparición forzada de población migrante en la frontera en el departamento de Nariño.
El trabajo de investigación que se desarrolló durante 6 meses, a través de la metodología Investigación Acción Participativa, logró entablar diálogo con organizaciones de víctimas de desaparición forzada y organizaciones de migrantes venezolanos en los municipios de Pasto e Ipiales, así como con instituciones gubernamentales competentes en la atención a población migrante y la búsqueda.
Durante los encuentros participativos se develó que los principales riesgos que enfrenta la población migrante en Colombia, y específicamente en el departamento de Nariño son: la persistencia del conflicto armado y el desconocimiento de sus dinámicas, la vulnerabilidad económica y social de la mayoría de la población migrante, la presencia de redes de trata de personas y tráfico de migrantes, la ausencia o débil presencia institucional en zonas de riesgo, la falta de políticas públicas robustas para la inclusión, y la existencia de barreras para el acceso a la regularidad migratoria.
Datos
De acuerdo con datos del Servicio Nacional de Migraciones (SNM) recopilados por OIM, para 2022 las nacionalidades más representativas en los flujos irregulares desde Colombia fueron: Venezuela (26%), Haití (14%), Senegal (13%), Cuba (8%) y Angola (5%).
Al mes de agosto de 2022 en Colombia se registraron 2.477.588 de personas migrantes venezolanas radicadas en Colombia, según revisión documental, de las cuales 18.024 habitan el departamento de Nariño, lugar de tránsito permanente por ser un departamento fronterizo que limita con el Ecuador y uno de los puntos donde se evidencia más el flujo de migrantes.
Poca información
La directora del programa Conectando Caminos por los Derechos, Laura Zambrano, indicó “hay muy poca información sobre qué está sucediendo, sobre cuántas son las personas que están desaparecidas en las fronteras, especialmente en la frontera norte y sur de Colombia. Han empezado a aparecer algunas investigaciones pequeñas identificando casos puntuales, pero los retos son enormes porque no se sabe cuántos son y también es muy difícil para las familias saber dónde reportar los casos”.
La investigación también contó con un componente forense, en el que se analizó el estado de los cementerios de Pasto e Ipiales como lugares de interés para la búsqueda de personas desaparecidas en contexto del conflicto armado y de población migrante. El cementerio de Pasto tiene registro de 228 Personas No Identificadas (PNI) y 65 Personas con Identidad Indiciaria (PII) y para el caso de Ipiales 148 PNI y 29 PII.