La justicia avanza en el proceso contra Diego Ceballos, un hombre señalado de haber agredido física y verbalmente a su excompañera sentimental en hechos ocurridos en la ciudad de Pasto. Un juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía General de la Nación y le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, como presunto responsable del delito de violencia intrafamiliar agravada.
El caso ha generado indignación en la comunidad local, luego de conocerse que los hechos no fueron aislados, sino parte de un patrón sistemático de violencia al que habría sido sometida la víctima durante el tiempo que duró su relación con el agresor.
Según el expediente judicial, el pasado 27 de abril, la mujer se encontraba compartiendo con familiares y amigos cuando el imputado irrumpió en el lugar sin mediar palabra y la agredió de manera violenta. Solo tres días antes, ella había ingresado a un centro hospitalario con varias lesiones en el rostro y el cuerpo, que presuntamente fueron ocasionadas también por Ceballos.
Conducta agresiva
Durante las diligencias de imputación, un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) reveló que el comportamiento del procesado se habría caracterizado por un ciclo reiterado de violencia verbal, psicológica y física, lo que configuraría una conducta de maltrato prolongado y sistemático.
A pesar de la contundencia del material probatorio presentado por la Fiscalía, Ceballos no aceptó los cargos que se le imputan.
El pasado 11 de junio, el presunto agresor fue capturado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformadas de la Policía Nacional. La detención se produjo en un establecimiento comercial de la ciudad de Pasto, en cumplimiento de una orden judicial emitida por las autoridades competentes.
Represalias
El ente acusador manifestó que la decisión de solicitar la medida de aseguramiento obedece a la necesidad de proteger a la víctima y evitar posibles represalias, dada la gravedad de los hechos y el riesgo de reiteración de la conducta. Este nuevo caso pone nuevamente en evidencia la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, protección y atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género en Colombia, así como de continuar promoviendo la denuncia y la judicialización de los agresores.