Ante medios de comunicación la Dirección Territorial Nariño de la Unidad de Restitución de Tierras-URT presentó resultados que evidencian la excelencia de su gestión a favor de las víctimas en el departamento. Más de un millón de hectáreas han sido inscritas en el marco de la Ley 1448, de las cuales 734.856 corresponden al actual periodo (71,4%), lo que refleja una mayor efectividad institucional y un enfoque centrado en resultados concretos en los territorios.
Durante el encuentro, también se destacó el crecimiento en el número de solicitudes y decisiones positivas en Nariño, con 1.293 inscripciones en esta administración, lo que fortalece el acceso de las víctimas a la restitución de tierras.
Estos avances consolidan esta política como una herramienta clave para la justicia social, la reparación integral y la transformación en la región
El director general de la URT, mayor Giovani Yule señaló, “los medios de comunicación cumplen un papel fundamental en este proceso, al ser un puente entre las instituciones y las comunidades que permite que la información llegue de manera clara, oportuna y con enfoque territorial a quienes más la necesitan”.
En materia de fortalecimiento institucional, se resaltó la reapertura de la oficina en Tumaco, acercando la entidad a territorios históricamente afectados por el conflicto armado.
La directora territorial de Nariño, Estefany Checa, destacó el fortalecimiento del equipo étnico en Nariño y la implementación de estrategias de participación inclusivas con enfoque de género, campesinado y ciclo de vida.
En este sentido, también se recalcó la nueva ruta de sujeto colectivo campesino, para agilizar sus procesos de reparación integral. En el componente jurídico y territorial, se ha avanzado en la radicación de demandas colectivas, el incremento de sentencias y decisiones judiciales favorables, así como en el cumplimiento de órdenes judiciales mediante una articulación efectiva con entidades del orden nacional y local.
Entre 2023 y 2026, se han desarrollado más de 160 escenarios de articulación institucional con entidades como la Agencia Nacional de Tierras, el Igac, la Defensoría del Pueblo y la Gobernación de Nariño, fortaleciendo espacios técnicos y subcomités municipales que garantizan la implementación de las decisiones judiciales.
Finalmente, se destacó el impacto social de la restitución en el territorio, a través de la implementación de proyectos productivos urbanos y rurales, la priorización de beneficiarios para subsidios de vivienda y la intervención en zonas con alta afectación por el conflicto armado, pobreza estructural y diversidad étnica, lo que consolida una política pública que transforma la vida de las comunidades.
