En las últimas horas se registraron en el departamento de Nariño dos asesinatos más de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, lo que elevó a 11 el número de estas personas que han perdido la vida de manera violenta, desde que asumió el nuevo Gobierno, el pasado 7 de agosto, en una dolorosa estadística que, hasta el momento, se extiende hasta el 13 de noviembre.
Nos referimos a una dolorosa estadística que a nivel nacional ya asciende a 37 líderes asesinados, en el mencionado periodo de tiempo, lo que nos muestra con claridad la gravedad de la situación y nos obliga a hacer un nuevo y vehemente llamado al Gobierno Nacional, para que le garantice la vida a este sector poblacional tan seriamente afectado por esta serie de homicidios.
No es para menos, si tenemos en cuenta que en este fin de semana de puente que acabamos de pasar, los municipios de Taminango y de Tumaco, fueron escenario de dos asesinatos más en detrimento de dos reconocidos líderes sociales, en casos de extrema violencia, en desarrollo de los cuales los criminales ingresaron a la fuerza a la residencia de la víctima para proceder a darle muerte.
Nos parece, entonces, que es el momento para que el Gobierno Nacional actúe con determinación, para hacerle frente a este baño de sangre que hoy enluta al país. En ese sentido, recordamos como una de las promesas de campaña del hoy presidente de la República, Gustavo Petro, fue la de defender y proteger la vida de los líderes, lideresas y defensores de los Derechos Humanos, acción que se debe emprender de inmediato, ante el alarmante incremento de estos episodios de sangre.
Sobre el particular, es de anotar que precisamente el líder social que fue asesinado en el municipio de Taminango, hacía parte del Pacto Histórico; por lo que su familiares y allegados le piden al Gobierno Nacional que se realice una detallada investigación para identificar y privar de la libertad a los culpables.
«Le corresponde al Gobierno Nacional y a las autoridades los operativos pertinentes para evitar que se siga engrosando el número de líderes sociales asesinados en Nariño y en el resto del país. No es posible que sobre estas personas que tienen la valiosa misión de defender los derechos de los demás penda de forma permanente la guadaña de la muerte».
Pero bien sabemos que esa Justicia no debe ser para un solo hecho, sino que debe aplicar en cada uno de los casos, en los que la violencia es la responsable de esta serie de asesinatos.
Por ello, en lo que corresponde a nuestro departamento de Nariño, esperamos un pronunciamiento oficial por parte del Gobierno, puesto que nos resulta muy preocupante el que esta zona sur del país sea la que desde ese mes de agosto acumule el mayor número de asesinatos de líderes sociales en Colombia.
Al respecto, sabemos muy bien, que el epicentro de estos atentados criminales se centraliza en gran parte de los municipios de la costa pacífica. Esto es explicable, debido a la presencia en esa zona del departamento de Nariño, de diferentes organizaciones criminales, que en un porcentaje alto se dedican a actividades del narcotráfico, así como a la minería ilegal, grupos delincuenciales que ven en estas personas una amenaza para sus actos delincuenciales, entre los que se cuentan acciones relacionadas con los cultivos de uso ilícito y los constantes enfrentamientos por los corredores de movilidad que se disputan las estructuras criminales, que se dedican al narcotráfico.
Después de lo que acaba de suceder el pasado fin de semana, le corresponde al Gobierno Nacional y a las autoridades, los operativos pertinentes para evitar que se siga engrosando el número de líderes sociales asesinados en Nariño y en el resto del país. No es posible que sobre estas personas que tienen la valiosa misión de defender los derechos de los demás, penda de forma permanente la guadaña de la muerte.