Al cumplirse un año del asesinato de Luis Aurelio Araujo Hernández, coordinador general de CAMAWARI, junto a sus escoltas Jesús Chávez y Yackson Solarte, la organización indígena Awá reiteró su llamado a las autoridades para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
Preocupación
A través de un comunicado, La organización indígena CAMAWARI también pidió avances en la investigación por el asesinato de James Tomás Guanga, ocurrido en febrero de 2025, y denunció la falta de respuestas por parte de las autoridades judiciales.
La organización expresó su preocupación por los riesgos que enfrentan los líderes indígenas en defensa de sus territorios y exigió acciones urgentes que garanticen la protección de las comunidades, así como verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias.
“Las autoridades tradicionales del Cabildo Mayor Awá de Ricaurte, expresamos nuestro profundo dolor indignación y rechazo al cumplirse un año del vil asesinato de nuestro compañero, líder y coordinador General, Luis Aurelio Araujo Hernández y de sus escoltas Jesús Chaves y Yackson Solarte (pertenecientes a la UNP), hecho ocurrido el día martes 3 de junio del 2025 en el Resguardo Indígena de Cuaiquer Viejo de Ricaurte, lo cual ha generado un daño irreparable en el tejido social de la Organización Camawari, fracturando la gobernanza del colectivo”, indicaron.
Enfáticos
También mencionaron que: “Exigimos a la Fiscalía General de la Nación resultados sobre las investigaciones frente a los autores intelectuales de este hecho y sobre el asesinato de nuestro compañero James Tomás Guanga, hecho ocurrido el día domingo 2 de febrero del 2025 en el casco urbano de Ricaurte, toda vez que es responsable de proteger los derechos de las víctimas”.
En el comunicado fueron enfáticos en resaltar que, hasta la fecha no hay respuesta alguna por parte de las autoridades sobre estos hechos que profundizan el riesgo en el que se encuentran permanentemente los líderes de los territorios indígenas.
De igual manera mencionaron claramente: “Manifestamos nuestro total repudio frente a este crimen atroz que enluta a nuestras familias, responsabilizamos al Estado colombiano por su omisión sistemática y programada frente a la protección de nuestras autoridades indígenas, a pesar de las reiteradas alertas emitidas desde los territorios”.
Exigen acciones urgentes, eficaces y coordinadas que garanticen la vida e integridad de quienes ejercen el liderazgo legítimo, así como en las investigaciones que conduzcan a la identificación, juzgamiento y sanción de los autores de este homicidio.
Hacen un estricto llamado a las autoridades para que atiendan estos hechos y se logre dar esclarecimiento a los crímenes que, hasta el momento, no han tenido avances que permitan hacer justicia.
