En el marco de su ofensiva sostenida contra el narcotráfico, la Armada de Colombia ha logrado una contundente serie de resultados en el departamento de Nariño. A través de operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales, se han ubicado y destruido un total de 169 infraestructuras ilegales empleadas para la producción de pasta base de coca, en lo que va del año.
Las operaciones se concentraron en los municipios de Tumaco, Mosquera, Olaya Herrera, Francisco Pizarro, La Tola, El Charco, Agua Clara y Santa Bárbara de Iscuandé, donde operan estructuras criminales asociadas a economías ilícitas.
Acciones
El coronel de Infantería de Marina José de Jesús Gómez Castellanos, comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 4, destacó que con estas acciones se evitó que más de 7 millones de dosis de estupefacientes fueran comercializadas en calles de diferentes países, asestando un golpe significativo a las redes transnacionales del narcotráfico.
Dentro de las estructuras desmanteladas se encontraron 16.547 kilogramos de insumos sólidos, 68.189 galones de insumos líquidos, y 2.823 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Estas cifras reflejan el alto nivel de producción y capacidad logística de los laboratorios, que eran utilizados para el procesamiento de toneladas mensuales de droga.
Grupos criminales
Asimismo, durante los operativos fueron incautadas 18 embarcaciones y un semisumergible, elementos clave en la distribución marítima de estupefacientes. También se incautó material de guerra y se logró la captura de 50 personas presuntamente vinculadas a estas actividades delictivas.
Según información de inteligencia naval, los laboratorios pertenecían a facciones criminales de alto perfil, como la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, la Estructura Iván Ríos y el Bloque Occidental Jacobo Arenas – Estructura Rafael Aguilera, todos considerados Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR). Estas organizaciones utilizan el narcotráfico como fuente principal de financiación para su accionar violento contra las comunidades del Pacífico sur y la Fuerza Pública. El impacto de estas actividades también ha sido devastador en términos ambientales. La construcción de cada infraestructura implica la destrucción de al menos una hectárea de cobertura natural. Además, los residuos químicos del procesamiento de la droga son vertidos sin ningún control, afectando suelos, ríos y fuentes hídricas, lo cual agrava los niveles de contaminación en la región y pone en riesgo la biodiversidad.
