Una nueva denuncia por violencia de género ha estremecido a la ciudad de Pasto y generado un amplio rechazo en redes sociales. Un video que circula ampliamente muestra a un hombre golpeando con brutalidad a una mujer en lo que parece ser un establecimiento comercial con zona de billar, ubicado sobre la Avenida Las Américas.
El agresor, identificado como Diego Felipe Ceballos Trujillo, es conocido en la ciudad por ser el propietario de los almacenes de calzado Pipeshoes, con varias sedes en Pasto. Las imágenes, que han desatado indignación colectiva, muestran cómo el hombre propina múltiples patadas, golpes y empujones a la víctima, hasta arrastrarla por el suelo y lanzarla por unas gradas, sin que nadie lo detenga.
Desesperación
La víctima, cuya identidad se reserva por razones de seguridad, fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario local, donde permanece en estado crítico. Según su familia, las heridas ocasionadas por la golpiza comprometen seriamente su salud, y el personal médico está haciendo todo lo posible por salvarle la vida.
En un mensaje difundido a través de redes sociales, un familiar directo de la víctima expresó su desesperación y pidió apoyo legal, así como la solidaridad de la ciudadanía para visibilizar el caso:
“Necesitamos justicia para este maltratador de mujeres, dueño de los almacenes de calzado importantes de Pasto. Este sujeto golpeó y arrastró con sevicia a nuestra familiar hasta el cansancio, hasta el punto de desmayarla. Esto no debe quedar impune. Hoy fue mi hija, mañana puede ser otra mujer. Por favor amigos, compartir esta noticia. Estoy agradecida con quien pueda ayudarnos, especialmente si hay algún abogado que pueda acompañarnos en este proceso.”
Reacciones
La gravedad del caso ha despertado múltiples reacciones ciudadanas que exigen una respuesta clara y contundente por parte de las autoridades judiciales y policiales. Hasta el momento de esta publicación, no se ha confirmado si hay una orden de captura emitida contra el presunto agresor, ni si ha habido pronunciamiento oficial de la Fiscalía o la Policía Nacional. Este hecho revive la preocupación por el aumento de casos de violencia contra la mujer en la región. Organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos feministas ya han comenzado a pronunciarse, solicitando no solo castigo ejemplar, sino también políticas más efectivas para proteger a las mujeres en contextos de vulnerabilidad.