Santa Teresa es una vereda del municipio de Villa Garzón, Putumayo, donde 580 familias campesinas e indígenas, de 19 veredas, decidieron acogerse al Programa de Sustitución de Cultivos.
Hasta allá, en las profundidades de la selva, se desplazó una delegación del Gobierno, encabezada por el ministro de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez, la cúpula militar y de Policía, la directora del Programa de Sustitución de Cultivos, Gloria Miranda y el gobernador del Putumayo, John Gabriel Molina, para ratificar el compromiso con un acuerdo que se suscribirá el próximo 15 de septiembre con las comunidades.
Ese acuerdo ha generado enormes expectativas en las comunidades, que han estado en el foco de la opinión pública, porque en días pasados, cuando soldados del Batallón de Infantería 25 buscaban desmantelar un laboratorio de procesamiento de pasta de base de coca, en la vereda Siloé de Villa Garzón, fueron atacados en una asonada en la que los rociaron con gasolina y prendieron fuego, quedando gravemente heridos un oficial y un soldado, quienes fueron trasladados en helicóptero hasta Florencia, Caquetá, donde les salvaron la vida.
Al aterrizar en Villa Garzón, el ministro de Defensa deploró los hechos y recordó que el Gobierno ofrece 200 millones de pesos de recompensa a quien permita capturar a los responsables. Rodeado de la cúpula militar y bajo un fuerte sol, envió un duro mensaje a los grupos armados ilegales que dominan las economías ilícitas asociadas al narcotráfico,
instrumentalizan a la población civil, violan los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario y se han convertido en la principal amenaza a la democracia y la vigencia de la Constitución y la ley.
“Hace ya dos días intentaron quemar vivos a unos militares en esta región. Eso no lo toleramos. No podemos aceptar que personas que dicen que son campesinos o comunidades que luchan por sus derechos, ataquen a un militar o un policía. Ellos son criminales», dijo con contundencia.
En entrevista con VIDA, expresó que la decisión del Gobierno es “neutralizar la amenaza de los grupos armados ilegales que operan en la zona. Para ello vienen cuatro pelotones más, para la Fuerza de Despliegue Rápido que está acá, la número 6, y 10 vehículos blindados para brindar mejor seguridad en las vías. Tendremos mejores sistemas de acción, más capacidades tecnológicas y 10 unidades corporativas para ayudar a mitigar la violencia. Vamos a demostrar que es posible transformar el territorio. Y esto lo haremos con la comunidad, a la que le pedimos que rechace el atentado terrorista que hicieron unas personas que intentaron quemar a unos militares vivos hace dos días».
Del aeropuerto de Villa Garzón, el ministro Sánchez y la comitiva se desplazaron en helicópteros artillados de la Policía Antinarcóticos a la vereda Santa Teresa, en el corazón de la selva. Se trata de un caserío poblado por indígenas y colonos, distante solo unos pocos kilómetros, donde lo esperaba la comunidad desde las 9 de la mañana. Desde el cielo se veían la inmensidad de la selva y los sembrados de hoja de coca. Putumayo es el tercer departamento productor de coca en Colombia.
En el salón comunal, rodeado de un pequeño parque donde los niños jugaban sin importarles la trascendencia del evento, los líderes cocaleros esperaban con ilusión el encuentro. Entre ellos estaba el líder indígena Ángel Torres, el dueño de la única tienda de la zona, a quien la turbulencia de las hélices de los helicópteros le tumbó el techo de su casa. El subdirector de la Policía, Rosemberg Novoa, y el propio ministro de Defensa se comprometieron con el afectado a reparar lo más pronto posible los daños.
Torres no le dio importancia al imprevisto. Creyó en la palabra del ministro y se concentró en escuchar a los delegatarios del Gobierno, que tenían la misión encomendada por el presidente Gustavo Petro de hacer compromisos concretos, realizables, para sacar a las poblaciones de la economía de la coca, avanzar en la lucha contra las economías ilícitas y liberarlas del dominio de los ejércitos ilegales que ocupan los territorios.
El ministro Sánchez estaba radiante cuando tomó la palabra, saludó a la comunidad y les pidió excusas por los daños ocasionados. La gente aplaudió y el ministro cedió el micrófono a Wilson Daza, líder negociador de Santa Teresa, quien señaló: “Estamos dispuestos a cambiar de vida. Llevamos negociaciones y más negociaciones. Vamos a salir adelante». Y después habló la vocera del comité de negociación de esa vereda, María Urbano, de 33 años, contadora pública, quien dijo con fuerza, como para que la escuchara todo el Putumayo: “más cacao, menos coca», y señaló con elocuencia los puntos esenciales de ese acuerdo, que incluyen proyectos productivos, maquinaria amarilla, salud y educación.
El Gobernador del departamento, a su vez, hizo un largo listado de oferta institucional, y subrayó la oportunidad para que los jóvenes ingresen a la educación superior. “La comunidad debe saber que no están solos en la tarea de erradicar los cultivos ilícitos. No podemos rendirnos, tenemos que estar unidos y salir adelante».
Gloria Miranda fue la más aplaudida. “Por orden del presidente Petro vamos a comprar el cacao al 80 por ciento del precio internacional. Cuenten con la maquinaria amarilla. Vamos a traer educación y salud. Este es el inicio de la paz en Villa Garzón». Con esa maquinaria se espera reparar más de 150 kilómetros de vías terciarias, vitales para el campesinado. En el Putumayo el Gobierno nacional invertirá 160 mil millones de pesos en el programa de sustitución.
Al final, habló de nuevo el ministro de Defensa. “La coca nos ha arrebatado la paz», dijo, mientras la comunidad lo escuchaba con atención. En la zona opera una disidencia de las Farc, Comandos de Frontera, que en este momento están en un proceso de paz. Es una estructura que pertenece a la Segunda Marquetalia.
Para terminar el evento, el ministro de Defensa y su comitiva se subieron a una camioneta y se desplazaron a una plantación de coca situada a un kilómetro de distancia. Allí erradicaron de manera manual unas matas de coca y en su lugar sembraron una de plátano, como símbolo del renacer del campo y la liberación de las comunidades del yugo de la coca.
Andrés López, líder campesino, dijo que estaba optimista de la reunión y celebró el proceso de paz del Gobierno con las disidencias de las Farc. “Gracias a esos procesos hoy podemos tener reuniones con las entidades y hablar de turismo y desarrollo social».
Al caer la tarde, los helicópteros salieron de Santa Rosa desde otro punto, esta vez sin hacer daños. La comunidad quedó a la espera del próximo encuentro con el Gobierno nacional.