Sharon Guzmán y Diego Herrán son investigados por la Procuraduría por corrupción en el puente de la 60.
El pasado 1 de febrero se conoció, que la Procuraduría iniciaría un proceso de investigación a la secretaría de infraestructura del gobierno de Andrés Hurtado, de acuerdo con la información brindada por el Ministerio Público, la Procuraduría investigará a cuatro exfuncionarios quienes actualmente se encuentran trabajando en la nueva administración de Aranda, los investigados son; Sharon Dayana Guzmán González quien para ese entonces era la exsecretaria de Infraestructura, Leonel Alfredo Nieto Suárez, quien era el supervisor del contrato de la 60, Jorge Andrés Zambrano Rodríguez, funcionario de esa cartera y el ingeniero Diego Herrán.
De acuerdo con lo estipulado por las autoridades esta investigación va dirigida por haber permitido supuestos pagos indebidos a la empresa que para ese entonces estaba encargada en la intervención del puente de la 60, según información brindada por una fuente oficial los funcionarios habrían hecho todo lo posible para modificar indebidamente la forma del pago en el consorcio Conexión Vial 60, esto se hizo con el fin de garantizar la sustr acción de los recursos públicos sin haberse realizado la obra.
Sharon Guzmán, quien en el año 2024 trabajo con el SEPT, había modificado el pago con el fin de pagar el 85% del valor del contrato, lo que se traduce a 1.928’416.030, cuando el proyecto a duras penas alcanzó el 5,67%, es de recalcar que cuando se pensó en el proyecto, dentro de los pliegos de la licitación se habría estipulado que el interventor recibiría pagos de acuerdo con el avance de la obra, pero como nunca existió un avance, tomaron la decisión de modificar los pagos, pues se conoció que independientemente que la obra se hiciera o no siempre se iba a recibir los pagos mensuales.
“La secretaría de Infraestructura habría modificado la forma de pago plasmada en el contrato original violando lo dispuesto en los pliegos de condiciones” expresó la Procuraduría. Por otro lado, el ente de control está verificando si se omitió la publicación de las actas y documentos de pago al Sistema Electrónico Pública (SECOP), además, de presuntas irregularidades en los informes para tramitar los pagos.