📌 Contexto general
- A finales de **2025 el Gobierno decretó un aumento del salario mínimo legal en Colombia de 23,7 % para **2026.
- Ese aumento fue suspendido de manera provisional por el Consejo de Estado, al considerar que el decreto no presentó todos los parámetros técnicos y legales requeridos por la ley. Esto generó incertidumbre sobre si ese alza seguiría vigente.
- En respuesta, el Gobierno planteó emitir un decreto transitorio para mantener el aumento mientras se ajusta legalmente el nuevo decreto.
🏢 Posición de las empresas colombianas
Los gremios empresariales han planteado condiciones al Ejecutivo y al propio proceso para evitar que el aumento vuelva a ser suspendido o modificado sin respaldo técnico, con estos énfasis principales:
📑 1. Sustento técnico y legal claro
- Sectores productivos han exigido que el nuevo decreto cumpla estrictamente con los requisitos técnicos, como el uso de fuentes oficiales y una justificación clara de cómo variables como inflación, productividad y crecimiento se tradujeron en el porcentaje final del aumento.
- El objetivo es evitar que otro fallo judicial suspenda nuevamente el incremento por falta de bases jurídicas sólidas.
📊 2. Evitar impactos negativos en empleo y empresas pequeñas
- Algunos gremios han expresado preocupación por el impacto del aumento del 23,7 % en las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), señalando que un incremento sin sustentación técnica puede asfixiar su capacidad de contratación y afectar el empleo.
- En reuniones con el Gobierno se ha planteado que el decreto transitorio incluya criterios que permitan proteger tanto el salario de los trabajadores como la estabilidad del sector productivo.
🤝 3. Respaldo a mantener el aumento mientras se ajusta
- Gremios mayoritarios han manifestado su respaldo a mantener el aumento mientras se expide un nuevo decreto que cumpla con la ley, para brindar seguridad jurídica y evitar más incertidumbre en el mercado laboral y económico.
🛠️ 4. Apoyos a pequeños empleadores
- El Gobierno también ha planteado la inclusión de medidas de apoyo para MiPymes en el nuevo decreto, como alivios o incentivos para que puedan asumir el mayor costo laboral.
🚦 Qué sigue
- El Gobierno debe expedir un nuevo decreto en el plazo ordenado por el Consejo de Estado (habitualmente 8 días) que cumpla con los criterios técnicos exigidos.
- Las condiciones planteadas por sectores empresariales han influido en la discusión en la Mesa de Concertación entre Gobierno, gremios y sindicatos.
- Tanto el respaldo a mantener el incremento como la demanda de argumentos técnicos buscan evitar nuevos tropiezos jurídicos y dar estabilidad a trabajadores y empleadores.
