En las últimas horas se agravó la situación jurídica para el empresario y constructor nariñense, Carlos Alberto Solarte, al conocerse que afrontará un nuevo proceso en su contra mediante el cual, la Fiscalía General de la Nación, insistirá en quitarle bienes por un valor superior a los 40 mil millones de pesos.
De acuerdo con las informaciones conocidas al respecto, la nueva situación que involucra a Solarte, está relacionada con el contrato que firmó en consorcio con Odebrecht para la obra Tunjuelo-Canoas, lo que le ha dado pie a la Fiscalía para insistir en la extinción de dominio a la mayoría de sus bienes.
Como se recuerda, el pasado mes de marzo, la Fiscalía General de la Nación, entregó un informe a la opinión pública, en el que reportó que tomó posesión de 7 bienes, que de acuerdo con las investigaciones habrían sido adquiridos con dineros provenientes de episodios de corrupción en un contrato que tenía como finalidad descontaminar el río Bogotá, propiedades que la Fiscalía dijo que son del constructor Carlos Alberto Solarte.
Sobre el particular, el ente investigador indicó que, “Una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre siete predios, que habrían sido adquiridos con dineros producto de las irregularidades detectadas en el proceso de contratación del interconectar Tunjuelo – Canoas, que pretendía apoyar las actividades de descontaminación del río Bogotá”, afirmó.
Es de anotar que los bienes, cinco rurales y dos urbanos, se ubican en Chía y Ricaurte (Cundinamarca), y Hato Corozal y San Luis de Palenque (Casanare).
Precisamente, una de los bienes de Casanare, llamó la atención de la Fiscalía dado que supera las 5.000 hectáreas, mientras que los bienes en Chía destacan por sus lujos, como lo evidencian las fotos entregadas por el ente investigador y acusador.
Acusación
En el reporte la Fiscalía General de la Nación, señaló que estas propiedades pertenecerían al constructor Carlos Alberto Solarte, quien presuntamente se apropió de más de 48.620 millones de pesos, correspondientes al 20% del adelanto entregado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para la realización de la obra civil”
Esa afirmación fue hecha por la Directora Especializada en Extinción del Derecho de Dominio, Liliana Patricia Donado Sierra.
La Fiscalía indicó que con anterioridad se hizo otra ocupación a consecuencia de las irregularidades encontradas en el contrato del interconector Tunjuelo – Canoas.
En efecto, en una primera fase en 2021, fueron ocupados 77 bienes avaluados en 27.044 millones de pesos. Dichos predios fueron ubicados en Bogotá, Villavicencio (Meta), Cajicá, Girardot, Tabio (Cundinamarca) y Orocué (Casanare). Sobresale en este grupo una finca de 3.000 hectáreas y un condominio campestre.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) será la encargada de administrar los bienes afectados, explicó el ente acusador e investigador.
Antecedentes del implicado
Carlos Alberto Solarte fue implicado por primera vez por la Fiscalía General de la Nación en el 2018, por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato Tunjuelo-Canoas, en 2009, en el que también estuvo involucrada la multinacional brasileña Odebrecht.
“Soy un padre de familia trabajando y sirviendo a mi país, por consiguiente, no me allano a cargos”, dijo en ese entonces, ante el juzgado 30 de control de garantías, luego de ser imputado, junto con su hija, por los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.
Solarte mediante la firma CSS Constructores SA, también estuvo encargado de la megaobra para conectar a Bucaramanga con Pamplona con una autopista 4G, proyecto adjudicado en 2016, aunque hasta el pasado febrero solo tenía un avance del 11,2 %, si bien se entregó en 2022.
Por lo pronto ahora con la nueva imputación de la Fiscalía se abre en el país, una gran expectativa en torno a este caso, puesto que ha anticipado que en esta nueva fase de la investigación, más personas podrían ser vinculadas al proceso.