El Gobierno de Colombia declaró la emergencia económica, social y ecológica en varios departamentos del norte del país (como Córdoba, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena, Antioquia y Chocó) tras intensas lluvias e inundaciones que han causado daños graves. Según informes recientes, más de 250,000 personas están damnificadas por las inundaciones, especialmente en zonas de Córdoba donde ríos y embalses se desbordaron y muchas comunidades están sumergidas o evacuadas Las autoridades han reportado decenas de muertes y miles de viviendas afectadas por las inundaciones, además de pérdidas en cultivos, infraestructuras y ganado.
La emergencia climática también ha generado condiciones insalubres, desplazamientos forzados y una situación humanitaria crítica en varias zonas urbanas y rurales del Caribe colombiano. El Gobierno descartó por ahora solicitar ayuda internacional, argumentando que las capacidades internas aún no están completamente superadas y que se cuenta con recursos y mecanismos propios para atender la emergencia.
Se han añadido medidas económicas extraordinarias, como reasignaciones presupuestales y posibles contribuciones temporales, para financiar la atención de las víctimas y la reconstrucción. En algunos análisis y opiniones públicas se cuestiona la gestión de la crisis, señalando retrasos o falta de coordinación en la respuesta estatal y debates sobre responsabilidades en obras hidráulicas y
