El Gobierno de Gustavo Petro expidió siete decretos dentro de la Emergencia Económica, Social y Ecológica con el objetivo de atender las graves afectaciones causadas por inundaciones, lluvias intensas y otros fenómenos climáticos en varias regiones del país. Estas medidas buscan apoyar a sectores clave como el agro, la minería, la energía, la vivienda, el transporte y la educación, además de garantizar servicios básicos y la recuperación económica de las zonas afectadas.
Reactivación de la producción de alimentos
El Decreto 0212 establece medidas extraordinarias para garantizar el derecho a la alimentación y restablecer los sistemas de producción y abastecimiento agroalimentario. Para ello, el Ministerio de Agricultura implementará un plan urgente de reactivación productiva, sostenible y resiliente que ayude a mitigar los efectos de las fuertes lluvias, inundaciones, deslizamientos y otros eventos climáticos extremos.
El programa está dirigido principalmente a pequeños y medianos productores agropecuarios, así como a asociaciones campesinas y comunidades étnicas que desarrollan agricultura familiar y comunitaria. Estas medidas se aplicarán en los departamentos más afectados: **Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
Alivios para pequeños mineros
El Decreto 0213 busca aliviar la situación económica de los pequeños mineros afectados por la emergencia. Entre las medidas se incluye la suspensión del cobro de intereses por mora en pagos de regalías y canon superficiario, así como la posibilidad de condonar intereses y diferir pagos. También se suspenden sanciones administrativas por incumplimientos durante la emergencia y se amplían los plazos para los trámites de formalización minera.
Los beneficiarios serán principalmente mineros de subsistencia, pequeños titulares mineros y quienes estén en procesos de formalización, siempre que se verifique su condición de damnificados por parte de la Agencia Nacional de Minería.
Medidas para el servicio de energía eléctrica
Mediante el Decreto 0214, el Gobierno estableció un régimen especial para el servicio de energía eléctrica en las zonas afectadas. Entre las decisiones más importantes está la suspensión de la facturación de energía para usuarios damnificados durante la emergencia. Además, las deudas acumuladas antes de la declaratoria podrán pagarse en plazos de hasta 12 meses, mediante mecanismos de diferimiento.
También se permitirá a los prestadores ajustar la facturación siempre que esto implique reducciones en el costo del servicio. Este régimen tarifario especial podrá mantenerse hasta un año después de que se restablezca completamente el servicio eléctrico.
Programas de vivienda y hábitat
El Decreto 0215 establece medidas para atender la crisis habitacional provocada por las inundaciones. El Ministerio de Vivienda y el Fondo Nacional de Vivienda agilizarán la asignación de subsidios, la entrega de materiales de construcción y la implementación de soluciones habitacionales para las familias damnificadas.
Los municipios podrán ordenar reubicaciones o reasentamientos de comunidades que viven en zonas de alto riesgo. También se facilitará la construcción o mejora de viviendas mediante autoconstrucción y programas de vivienda nueva o usada. Estas medidas buscan responder a una crisis que ha superado la capacidad de las políticas públicas normales, especialmente en departamentos como Córdoba, donde miles de viviendas han sido dañadas o destruidas.
Agua potable y saneamiento básico
El Decreto 0228 crea un comité especial de atención para coordinar acciones en materia de agua potable y saneamiento. El Gobierno podrá realizar acuerdos con entidades fiduciarias para financiar obras urgentes y destinar recursos adicionales del Sistema General de Participaciones.
Además, las autoridades nacionales y territoriales podrán establecer servidumbres gratuitas sobre terrenos para instalar infraestructura necesaria que permita garantizar el suministro de agua potable y la prestación de servicios básicos.
Recuperación de vías e infraestructura de transporte
Con el Decreto 0222, el Gobierno adoptó medidas para rehabilitar carreteras, puentes y tramos viales afectados por las lluvias e inundaciones. Estas obras serán ejecutadas por el Instituto Nacional de Vías (Invías), que podrá invertir recursos extraordinarios para recuperar la conectividad en las zonas afectadas.
La norma también permite ampliar sin límite de valor los contratos de obras y mantenimiento ya existentes, siempre que las modificaciones estén destinadas a atender la emergencia. La recuperación de la infraestructura vial es clave para permitir el transporte de ayuda humanitaria y garantizar el abastecimiento de alimentos y productos básicos.
Apoyo a universidades afectadas
El Decreto 0227 amplía temporalmente las funciones del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE), permitiéndole financiar proyectos en universidades públicas, algo que antes no estaba dentro de sus competencias.
El Ministerio de Educación reportó cientos de instituciones educativas afectadas, lo que impacta a cerca de 68.000 estudiantes. Con este decreto se podrán financiar obras de reconstrucción, adecuación de espacios, aulas modulares, dotación tecnológica y mejoras en conectividad para garantizar la continuidad de las clases.
En conjunto, los siete decretos buscan mitigar los impactos sociales y económicos de las inundaciones, acelerar la recuperación de infraestructura, apoyar a los sectores productivos afectados y garantizar servicios esenciales como alimentación, energía, vivienda, agua y educación en las regiones más golpeadas por la emergencia climática en Colombia.
