Por: Carlos Santa María
La realidad de Colombia usualmente ha estado oscurecida por la pobreza general de su población, junto a una violencia alentada por la corrupción. Así, mucha de la información mostrando una pujanza inexistente o las cifras que ponen al país como un éxito en salud son desvirtuadas por la Ocde que ubica a la nación en último lugar de los integrantes de este círculo.
A esta situación de crisis general constante, agravada por un amplísimo sector sin trabajo que alcanza cifras exorbitantes, se unen las tragedias departamentales donde Nariño ocupa un lugar destacado por los efectos perversos de muchísimos años, desconocido por el Estado.
Hoy, unido a una carretera que debió ser construida correctamente desde hace medio siglo, se conjuga el alza desmedida de los precios en la canasta familiar, proceso que parece un complot que inició de modo fuerte desde marzo del año pasado. Las alzas por las razones que sean, casi ninguna válida, muestra una especulación que llena de hambre a las familias de nuestro territorio y cada vez más las porciones alimenticias se reducen significativamente.
Por razones humanas, económicas, de dignidad, la Emergencia Económica debe ser declarada en el departamento, con la única finalidad de ser invertido ese capital en los sectores desprivilegiados y orientado bajo un control de la ciudadanía.
Los mecanismos y principios son fundamentales para que la corrupción no sea el mecanismo utilizado en contra de los nariñenses. El campesino debe ser un sector de primer orden, junto con los comerciantes pequeños o tenderos, así como la clase trabajadora y desempleada, entre muchos otros.
Puede interesarle: https://www.diariodelsur.com.co/o-soplan-o-los-hacemos-soplar/
Viene un periodo de elecciones y algunos sectores políticos, gubernamentales y locales pueden ver esta grave situación como la oportunidad de financiar sus campañas a costa de un pueblo que sufre profundamente. Ello sería un acto de alta deshonestidad.
La Emergencia Económica es una necesidad imprescindible y debe darse, eso sí, con los más altos estándares de transparencia en la distribución. En caso contrario, sería una nueva trampa para el pueblo y sus familias.

