Tras la caída en el Congreso de una ley de financiamiento clave para 2026, el Ejecutivo declaró una emergencia económica en diciembre de 2025 con el objetivo de poder emitir decretos con fuerza de ley para recaudar recursos y cerrar un hueco fiscal de alrededor de 16,3 billones de pesos.
Ese decreto, que estuvo vigente los primeros 30 días, permitió al Gobierno introducir impuestos por decreto ante el rechazo de la reforma tributaria tradicional.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el Ejecutivo está preparando nuevos decretos para prorrogar la emergencia económica y asegurar los recursos faltantes debido al desequilibrio presupuestario. El Gobierno tiene hasta 90 días desde la expedición del primer decreto para mantener o ampliar esta situación extraordinaria.
Postura del Gobierno
El presidente Gustavo Petro ha defendido la importancia de mantener la emergencia económica, advirtiendo que sin esa figura la situación fiscal podría empeorar significativamente. Según él, si se anula o congela la medida, la deuda pública se volvería impagable y el país enfrentaría mayores riesgos financieros, lo que obligaría a recortes drásticos en servicios esenciales.
Debate político y control del Congreso
El Senado de la República citó sesiones extraordinarias para el 27 de enero con el fin de debatir y ejercer control político sobre el decreto de emergencia económica. Todos los ministros que firmaron la medida deberán asistir para explicar sus efectos y justificaciones ante los legisladores.
La medida ha generado críticas entre sectores de la oposición, que sostienen que la emergencia económica permite al Ejecutivo gobernar por decreto y esquivar el control del Congreso sobre asuntos fiscales clave.
