La medida, ordenada por el DNP, compromete hasta 10.000 millones de pesos, recursos que no se ejecutaron en dicho proyecto en este municipio del sur de Nariño.
La Alcaldía de Ipiales enfrenta un embargo de hasta 10.000 millones de pesos sobre sus cuentas oficiales, en medio de un proceso administrativo relacionado con la ejecución inconclusa del Hospital de primer nivel, contratado en 2017.
La decisión fue adoptada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), al evidenciar el incumplimiento del proyecto financiado con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP).
Según el acto administrativo, el municipio debe reintegrar inicialmente 3.800 millones de pesos, cifra que, con intereses y actualizaciones, supera actualmente los 8.000 millones.
Desde la Secretaría de Hacienda se advirtió que el impacto podría comprometer seriamente la estabilidad financiera de la administración local. El secretario de Hacienda, Sebastián Folleco, explicó que la obligación corresponde a decisiones adoptadas en administraciones anteriores. El funcionario aseguró que ya se adelantan acciones jurídicas y gestiones institucionales para revisar el alcance de la medida.
Impacto
Folleco indicó que se inició un acercamiento formal con la Dirección del DNP para analizar el proceso y explorar alternativas que mitiguen el efecto fiscal. El embargo afecta directamente el flujo de caja municipal, lo que podría dificultar el cumplimiento de compromisos esenciales. Entre las obligaciones en riesgo se encuentran el pago de salarios a funcionarios y docentes, así como la financiación de programas sociales. Uno de los programas que podría verse afectado es el Plan de Alimentación Escolar (PAE), clave para cientos de estudiantes del municipio. La administración advirtió que la situación obliga a revisar la planeación presupuestal vigente.
Asimismo, se evalúan estrategias financieras para evitar una parálisis en la prestación de servicios públicos. El hospital inconcluso ha sido, desde hace varios años, uno de los proyectos más cuestionados en la ciudad fronteriza. La obra, que buscaba fortalecer la atención en salud de primer nivel, nunca fue entregada en funcionamiento.
Responsabilidades
Desde la Secretaría de Hacienda también se anunció la evaluación de posibles acciones de repetición contra los exalcaldes Ricardo Romero y Luis Fernando Villota. La administración considera que podrían existir responsabilidades en las decisiones administrativas que dieron origen a la contingencia económica.
El objetivo de estas acciones sería recuperar recursos públicos y establecer responsabilidades individuales. Mientras tanto, el municipio enfrenta uno de los escenarios financieros más complejos de los últimos años. La ciudadanía permanece atenta a las decisiones que adopte la administración para garantizar la continuidad de los servicios esenciales.
El proceso continúa en revisión, mientras se buscan salidas que permitan aliviar la carga económica sin afectar a la comunidad ipialeña.
Sebastián Folleco, secretario.
